El Supremo pide el suplicatorio al Congreso para actuar contra Borràs
El TS quiere investigar a la diputada por supuestas adjudicaciones a dedo
El Tribunal Supremo dio ayer el siguiente paso para actuar formalmente contra la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs por cuatro delitos relacionados con corrupción administrativa en su época como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 y el 2017. Al encontrarse aforada ante el Supremo por su condición de miembro del Congreso de los Diputados, la Sala de lo Penal de este tribunal remitió un suplicatorio a la Cámara Baja en el que solicita que se le levante el fuero para proceder contra ella.
La sala, que preside Manuel Marchena, adoptó esta decisión después de que el magistrado instructor Eduardo Porres remitiera una exposición razonada en la que explica los “indicios racionales” de criminalidad existentes contra la dirigente independentista.
La causa comenzó en un juzgado de Barcelona que, tras practicar una serie de diligencias, consideró que el siguiente paso ya debía ser la citación como investigada de Borràs, de modo que remitió el asunto al Supremo, que decidió continuar con la tramitación del caso. El instructor citó a la diputada para declarar de manera voluntaria antes de reclamar el suplicatorio, pero esta declinó la opción y optó por esperar a su imputación formal, que llegará una vez que el Congreso acepte el suplicatorio.
Analizadas las diligencias practicadas inicialmente por los Mossos d’esquadra, que encontraron los primeros indicios contra ella, como después por la Guardia Civil, que finalizó la investigación, el magistrado del Alto Tribunal concluye que hay indicios de la comisión de cuatro presuntos delitos, prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. En su resolución, señala que Borràs, “abusando de sus funciones como directora de la ILC y contraviniendo los principios de imparcialidad y objetividad que como órgano de contratación debía respetar, durante el periodo comprendido entre el 2013 y el 2017, adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria todos los contratos de programación informática relativos a la página web de dicha institución a Isaías Herrero”, a quien le unía una relación de amistad. De hecho, la policía catalana halló cruces de correos electrónicos entre ambos reconociendo los “trapis” para trocear contratos y evitar así tener que ir a concurso público. El juez investiga la adjudicación de 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Herrero.
Una acusación que Borràs siempre ha negado, defendiendo su gestión en la ILC y la propia naturaleza y utilidad de los contratos bajo lupa. Es por ello que la portavoz de Jxcat en el Congreso sostiene que
Torra y Jxcat salen a defender públicamente a su portavoz en Madrid mientras que ERC guarda silencio
sufre una persecución política por su condición de figura pública del independentismo.
Varios nombres propios de Jxcat le brindaron ayer su apoyo, comenzando por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con quien compartió despacho al inicio de la legislatura catalana: “Es una mujer honesta y valiente, siempre a tu lado”. Los posconvergentes subrayan, además, que Borràs siempre ha estado dispuesta a dar explicaciones. Por su parte, ERC mantuvo ayer silencio sobre la votación de un suplicatorio que puede tensar la relación entre socios.