Alcaldes y propietarios forestales plantan cara a la Agència de la Natura
Fuerte presión para frenar el nuevo organismo encargado de la conservación
La creación de la Agència de la Natura, que debe aprobar el Parlament la primera semana de junio, ha tropezado con un fuerte rechazo del mundo rural. Alcaldes del Pirineo, dueños de fincas y propietarios forestales han expresado su oposición a su aprobación. El consejo comarcal del Pallars Sobirà ha pedido que se retire la proposición de ley con la que nacerá la agencia (objeto de 15 años de inacabables trámites y dilaciones).
La inminente aprobación de la Agència de la Natura ha tenido una inesperada respuesta en el Pirineo. El consejo comarcal del Pallars Sobirà esgrime que no se ha pedido opinión a los municipios, que son “los propietarios de la mayor parte de los terrenos forestales y de la totalidad de los terrenos comunales que conforman el medio natural de la comarca”.
Hay división en la montaña; y el fuego se puede extender. Ocho ayuntamientos han pedido la retirada de la proposición de ley (Espot, Esterri d’àneu, Farrera, La Guingueta, Llavorsí, Soriguera, Tírvia y Vall de Cardós) mientras que siete se han desmarcado. “Pedimos que se posponga la proposición de ley porque algo tan decisivo para las comarcas, y no solo para las del Pirineo, no puede ser aprobado sin información al territorio y sin que éste pueda presentar sus propuestas”, dice Carles Isús (Fem Municipi-erc), presidente del consejo comarcal del Pallars Sobirà.
Isús señala que “ahora no es el momento adecuado” (por la Covid-19); y recalca que “hay que acabar” con una dinámica que hace que en asuntos que afectan a las comarcas de montaña “primero, se aprueba el acuerdo en el Parlament, y luego se explican, cuando debe ser al revés; primero se debaten y luego se aprueban”.
La creación de la agencia tropieza también con los propietarios forestales, para el que este nuevo organismo es una imposición. Sostiene que se han ignorado sus pretensiones. Y pide que la proposición de ley sea retirada. “No nos han hecho caso, el Parlament
no ha aceptado ninguna de nuestras propuestas”, se lamenta Josep Maria Vila d’abadal, miembro del Consorci Forestal de Catalunya y presidente en Catalunya del PEFC (Asociación Española para la Certificación Forestal)
Vila d’abadal se queja de una administración conservacionista e intervencionista, “muy restrictiva”, que frena la actividad de este sector, algo que, en su opinión, se verá agravado con la agencia
Aunque los bosques privados quedarán bajo la batuta del Departament d’agricultura, los planes técnicos de gestión forestal requerirán el visto bueno de los responsables de flora y fauna, por lo que la Agència podría ejercer siempre supervisión. Vila d’abadal censura además de que los propietarios forestales y los agricultores tendrán una representación muy minoritaria en los organismos rectores de la agencia. “Lo más grave es que de esta forma, la agencia se escapará al control de la política y del Parlament”, afirma. Su pronóstico es que con esta fórmula se agudizarán las tensiones con la Administración y ésta consolidará un enfoque sólo conservacionista. “Estamos ante una política ambiental que prohíbe la gestión y que hace que, a final a gente se tenga que marchar”, dice Vila d’abadal.
La Agència de la Natura tiene como misión proteger, planificar, gestionar y restaurar el medio natural de Catalunya. Se encargará, pues, de la planificación y la gestión de los espacios naturales y ejercerá la autoridad ambiental sobre la Red Natura 2000 (enclaves con sello europeo). No obstante, los bosques privados y municipales (comunales), así como la gestión de la caza y la pesca seguirán bajo a batuta del Departament d’agricultura.
Con ella, se despliegan las competencias en medio natural que actualmente tiene el Departament de Territorio i Sostenibilidad pero no se modifica el régimen competencial de otros departamentos ni de la administración local.
La Agència nace con la finalidad de disponer de una administración nueva y más ágil, vistas las notables carencias de la gestión de la naturaleza en Catalunya, y para afrontar su crónica falta de recursos financieros. El nuevo organismo podrá disponer de recursos de los presupuestos de la Generalitat, así como muchos otros, como los procedentes del fondo de patrimonio natural (que se nutrirá con lo recaudado a través del impuesto del CO2 a los coches en fase de implantación).
La idea de crear la Agencia cobró forma a principios del año 2019 con un acuerdo político que validó el pacto ya alcanzado en 2017 pero que se frustró al agotarse la anterior legislatura. Jxcat y ERC (Govern), junto a PSC y Comunes, presentaron en el Parlament una proposición de ley para resucitar este proyecto.
El diputado Lucas Ferro (Comuns) discrepa de las opiniones de alcaldes y dueños de bosques y sostiene que las quejas “responden a intereses particulares”.
“Para entender estas quejas hay que saber que los bosques privados de Catalunya están en manos de muy pocas manos”, dice. Ferro destaca, no obstante, algunas insuficiencias de la proposición no de ley, como el hecho de que los fondos europeos de la PAC correspondientes a la conservación (greening) no podrán ser cogestionados por la agencia, ya que ERC se negó a ello en el debate parlamentario, con lo cual se mantendrán en manos del Departament d’agricultura (ERC).
“Los propietarios forestales querían una agencia con un órgano rector en el que tuvieran mayoría; pero la agencia no puede estar en manos del sector privado; eso no es aceptable” dice Ferro. El diputado admite que pueden quedar dudas sobre el papel de la agencia sobre los bosques privados, aunque subraya que “naturalmente, habrá actividades forestales” de explotación.
DIVISIÓN Y POLÉMICA
Una exigua mayoría en el Pallars Subirà enciende la mecha para extender la protesta
EN LA PROPOSICIÓN DE LEY Los dueños de fincas con bosques se sienten maniatados y sin representación