Bruselas obliga a Correos a devolver 400 millones de ayudas del Estado
Las asociaciones UNO y Asempre, que representan a las empresas de servicios postales y mensajería en España, explicaron ayer en un comunicado que se dan por satisfechas por la reciente decisión de la Comisión Europea sobre los fondos públicos recibidos por Correos en el periodo 2011-2020, conocida la semana pasada. En concreto, las dos citadas asociaciones consideran que ha quedado clara la ilegalidad de las ayudas del Estado a la empresa pública postal porque no fueron notificadas previamente y que se ha declarado implícitamente que Correos recibió un exceso de compensación en el período 2011-2020.
Además, añaden, la decisión de Competencia de la Comisión dice por vez primera que los descuentos que Correos otorga a algunos de sus clientes tienen capacidad de inflar indebidamente las ayudas de Estado y que no deben ser compensados. En definitiva, las empresas privadas han logrado que Europa impida a Correos ser más competitivas que ellas gracias no a su eficiencia, sino al dinero público.
El fallo de la Comisión Europea ya ha tenido consecuencias, según UNO y Asempre: “Correos se ha visto obligada a reintegrar 341 millones de euros y España se ha comprometido además a notificar antes de finalizar el año 2020 el importe de ayudas a Correos que presupuestará para el periodo 2021 a 2025”, añade la nota.
Las únicas aportaciones de dinero público permitidas son las que están relacionadas con la cobertura de los costes del llamado servicio público universal. Es el mismo concepto que se ha asociado siempre a asegurar que otros servicios públicos esenciales –como la telefonía, el agua, el gas o la electricidad– se ofrecen a todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que vivan y aunque no sean rentables. En estos casos, el dinero público es el que cubre el déficit en el que concurre la empresa. El problema es que, bajo este paraguas, Correos recibió más dinero del que necesitaba realmente para el servicio público y, además, logró mantener a parte de sus clientes con descuentos que le permitieron ofrecer precios inalcanzables para la competencia.
“La Comisión Europea ha declarado de forma implícita un exceso de compensación de 400 millones de euros”, al rebajar los 1.680 millones pretendidos por la empresa pública hasta los 1.280 millones reconocidos. Y, concluyen las asociaciones, Correos tendrá que devolver esas cantidades ingresadas irregularmente en sus cuentas como subvenciones de explotación.