La Covid agrava la crisis del campo
El diferencial de precios entre el productor y el consumidor se incrementa un 11,1% entre los meses de febrero y abril
Cuando todo el mundo pensaba que la Covid-19 era un problema de China, quienes ocupaban las portadas de los periódicos en España eran los agricultores que con sus tractores colapsaron carreteras y ciudades para reclamar precios justos para los productos del campo. Después, el coronavirus llegó a España y lo cambió todo. O casi todo. La idea de un confinamiento obligado desató la locura y los consumidores asaltaron las tiendas de alimentación sometiendo al sector a un test de estrés que ni los economistas más maléficos se hubieran atrevido a plantear como hipótesis.
Pese a ciertas tensiones iniciales, la cadena de distribución alimentara aprobó cum laude el examen más difícil de su historia. Por detrás de los sanitarios, sus trabajadores, desde los dependientes a los agricultores, pasaron en algún momento por la pasarela de los héroes de esta crisis. A eso se unió el interés de los confinados por las dietas saludables que llegó a superar el 33%, según los datos de la consultora Kantar, y que impulsó la demanda de productos frescos.
Parecía la conjunción perfecta de ingredientes para que el campo viera cumplido su deseo de recibir una remuneración justa por sus productos. Pero no pudo ser. “En abril el INE recogió una fuerte subida en los precios de los alimentos frescos (del 10,5% intermensual y del 5,8% interanual) que tiene lógica ya que la demanda se disparó, el problema es que a nosotros nos han seguido pagando lo mismo que antes por nuestros productos, aunque producirlos también nos ha costado más por las medidas derivadas de la pandemia”, lamenta Juan José Álvarez, director de la patronal agria Asaja.
El dato adelantado del IPC de mayo frena la subida respecto al mes anterior, los precios de los frescos repunta un ligero 0,4%, pero todavía están un 5,4% más caros que hace un año. Frente a esto entre febrero y abril, los peores meses de la Covid-19, el diferencial entre el precio que pagaron los consumidores por un producto fresco y el que recibieron los agricultores y ganaderos se incrementó una media del 11,1%, según los datos obtenidos por el índice de precios en origen y destino (IPOD) que elabora cada mes la organización agraria Coag. En el mismo período del año 2019, el diferencial fue del 8,49%.
La casuística que marca los precios en los últimos meses es inmensa. Desde la caída de la demanda por el cierre de restaurantes y hoteles que ha dejado por los suelos el precio de la carne o la leche, hasta la influencia de la exportación a Europa, pasando por el efecto en el precio de las nuevas cosechas nacionales. Los datos pueden llegar a ser disparatados si se analizan productos concretos. Por ejemplo, solo entre marzo y abril el diferencial de la cebolla se disparó un 1.734%. “Es un caso excepcional por el inicio de la campaña de producto nacional”, explica Andrés Góngora, de Coag. Frente al mes de marzo el diferencial solo se incrementa un 235%. En el caso de las lechugas esa diferencia entre febrero y abril se amplió un 244%, en cambio si nos fijamos en los tomates de ensalada, la diferencia entre lo que cobra el productor y lo paga el consumidor se ha reducido un 143% en esos dos meses. “El verano no pinta mejor. Las primeras sandías españolas están llegando al consumidor hasta a 10 euros, y al agricultor se la pagan a 20 céntimos. Es un escándalo”, alerta Juan José Álvarez.
Otros eslabones de la cadena de distribución reconocen el problema, aunque no coinciden en su descripción. “La protesta de agricultores y ganaderos es legítima y la realidad es que algunos sectores agrícolas llevan años sufriendo depreciación de sus rentas. Pero poner el foco en el diferencial de precios hace recaer la culpa injustamente en las cadenas de distribución cuando los problemas de los agricultores son mucho más complejos. La cadena funciona de forma muy eficiente. Hay más de 100 empresas de supermercados y los precios de venta al público de la alimentación en España son de los más competitivos de Europa. Estamos seis puntos por debajo de la media de la UE”, explica Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, la organización que representa a los principales distribuidores entre ellos Mercadona, Día, Consum y Condis.
Apenas 15 días antes de la declaración del estado de alarma, el 25 de febrero, el Gobierno había aprobado un real decreto con medidas para paliar el agravio de los productores agrarios, entre otras evitar la venta a pérdidas. Pero el engranaje no parece que se haya ajustado, pese a que el propio Gobierno reconoció el pasado 28 de abril, tras una reunión del Observatorio de la cadena alimentaría, que no se habían observado desajustes en la misma. “No se han detectado anomalías porque no se han investigado”, protesta el director de Asaja. Los sindicatos agrarios coinciden en este análisis. “El control de precios debía delegarse en las comunidades autónomas, los instrumentos que tiene el Observatorio están poco conectados con la realidad. Que en el campo es tan variada que hay 50 convenios colectivos para los trabajadores. Y algunos de ellos están incluso por debajo de salario mínimo. Eso también hay que controlarlo”, reclama José Fuentes desde la sección estatal agraria de CC.OO.
Felipe Medina, de Asedas, recuerda que España está en pleno proceso de transposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales que puede cambiar algunas reglas de juego en pocos meses e introducir nuevos cambios en los contratos”.
Todos los implicados piden al Gobierno medidas para evitar nuevas tensiones en el sector. “Nuestros tractores pararon las protestas para ir a desinfectar del virus los pueblos de España. No se nos puede tratar así”, dice Álvarez, quien no descarta que las protestas vuelvan a las calles y carreteras.