Un paso adelante que completar
El real decreto ley aprobado por el Gobierno sobre el ingreso mínimo vital es un paso adelante para cerrar la red de protección social, y dar cobertura a aquellas personas que en esta pandemia, y que aun después de las medidas impulsadas por las organizaciones sindicales, habían quedado sin protección. Hace cuatro años UGT y CC.OO. presentamos al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular, avalada por más de 700.000 firmas, para que se legislara una prestación de ingresos mínimos, para completar la red de protección social. En parte, esta medida es una heredera de esa propuesta y representa un paso importante en la consolidación del Estado de bienestar, fruto de la iniciativa y presión sindical.
Pero esta no es nuestra ley. Es una norma bienintencionada, pero que nace sin tener en cuenta el modelo de competencias establecido en nuestro país, donde la parte esencial reside en la administración autonómica que, en algunos casos, ya había implementado medidas análogas. La coordinación con las comunidades autónomas y con las administraciones locales, que debieran tener un papel esencial en esta norma, brilla por su ausencia. Queremos una norma con miras de futuro, realista, aplicable y que se inserte en nuestro tejido territorial.
Una prestación que nace burocrática y centralizada, sin que se dote de los medios necesarios para la constatación de las situaciones reales de vulnerabilidad, presenta debilidades que no deseamos. Hubiéramos optado, y así lo manifestamos desde el inicio, con una renta mínima vital extraordinaria y urgente vinculada a la crisis que hubiese dado cobertura a los más vulnerables, y, en otro plano, haber debatido y buscado el consenso en una ley integral, que no sea de permanencia para las personas, sino de tránsito para que se puedan reincorporar al mundo del trabajo. Esa es la opción que impulsamos hace cuatro años a través de la ILP y cuya aprobación hubiera supuesto la existencia de una red previa de protección social en la entrada de la crisis.
Pero ambas vías no han sido posibles. Este real decreto ley es una buena medida, pero necesitamos una solución más ambiciosa en la lucha contra la pobreza. Este real decreto ley tiene que debatirse con nuestra participación en el Congreso de los Diputados, que tenga en cuenta nuestra ILP, y finalice en un texto que articule la participación de las distintas administraciones: municipales, autonómicas y las estatales. Una norma que garantice hacer frente a todas las situaciones de pobreza que se viven en nuestro país, agravadas por esta crisis, que no han de solventarse con caridad, en las colas de las parroquias o los bancos de alimentos.
Necesitamos una norma a través de la cual el Estado asegure un mínimo vital, en la que estén involucradas las administraciones competentes, la autonómica, y las más cercanas al ciudadano, como la local, a fin de que cada persona que perciba esta renta reciba el impulso y apoyo necesario para reincorporarse a la vida laboral.
Nuestras personas deben tener el apoyo preciso para reincorporarse al mercado de trabajo. Junto la renta es necesaria una estrategia que cuente con el personal y recursos necesarios para asegurar el éxito de una medida que con tanta insistencia hemos reclamado. Requerimos de orientadores especializados y suficientes, itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo, y medidas de asesoramiento a las personas, para que el tránsito de vuelta al mundo del trabajo sea una realidad.
Esta prestación nace burocrática y centralizada y presenta debilidades que no deseamos