Espejismo europeo
La propuesta de fondo de recuperación de la Comisión Europea no aliviará los problemas de deuda de los países más afectados por la pandemia.
El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a poner de manifiesto esta semana, con la ampliación de su programa de compra de deuda pública contra la pandemia, cuál es el problema de las economía europeas más débiles. Enorme y urgente. La emisión de deuda en cantidades inauditas desde la Gran Recesión del 2008-2013, para financiar los programas de choque con los que paliar los efectos destructivos de una parálisis económica que ya supera un trimestre completo. Este será durante los próximos y largos meses el principal dolor de cabeza para países como España e Italia. Sus gobiernos han gastado, gastan y gastarán recursos públicos –dejemos constancia de que, de todos modos, mucho menos que los más ricos del centro y el norte de la UE– en mantener a flote la sociedad y para ello están obligados a endeudarse más y más. Esta es la situación ahora y lo seguirá siendo también durante gran parte del año próximo. Un lastre presente y futuro que puede ensanchar la divergencia entre las diferentes economías de la eurozona.
Y a este desafío, Europa no le ha dado respuesta, pese a las grandes cifras del fondo Próxima Generación de la UE, propuesto por la Comisión Europea sobre la base del acuerdo Merkel-macron y pensado, como su nombre apunta, para el futuro, no para los problemas del presente. Un plan que dice pensar en el modelo económico futuro, pero que no responde a las tribulaciones presentes de los gobiernos, atenazados por la urgencia del día y que conciben el medio plazo como un duro ejercicio de contabilidad creativa.
Se trata de recursos que no estarán disponibles, como muy pronto, antes del segundo semestre del año próximo y para su aplicación a lo largo de cuatro ejercicios. Y que, en el caso español, prevé inicialmente transferencias anuales para financiar programas comunitarios estratégicos de un máximo del 1,4% del producto interior bruto (PIB). Y, lo más relevante, no prevé emplear esos ingresos en la reducción de deuda o en la cobertura de programas de gasto público que sigan estando vigentes y sean necesarios como consecuencia de la crisis. Salvo que la alternativa sea que para cubrirlos, el Estado renuncie, por ejemplo, a su propio programa de inversiones.
Así las cosas, los países sanitaria o económicamente más golpeados, transitarán esta crisis sin precedentes desasistidos, aparte de las líneas de crédito, clásicas, o con nuevos nombres. Y sus cuentas públicas acabarán sobrecargadas de deudas exactamente igual que si no hubiese habido programas europeos especiales de financiación. Recordemos que el objetivo de los presidentes de Gobierno de
España e Italia, Pedro Sánchez y Giuseppe Conte, así como del presidente francés, Emmanuel Macron, era precisamente que sus países, y los del resto del sur de Europa, como Portugal o Grecia, no cargasen con más deuda. El acuerdo europeo, de momento, no ataja ese problema. Si la previsión era que España acabase el año con una deuda del 120% del PIB, así sigue siendo ahora, tras el acuerdo.
Y eso será una angustia creciente para elaborara los presupuestos de los países en los próximos años, obligando a subir impuestos o reducir gastos; lo más probable, una combinación de ambas alternativas. Salvo que se piense que esas deudas no pesarán sobre las cuentas públicas, es decir, que nunca habrá que devolverlas, o que los tipos de interés seguirán siendo siempre negativos, o sea, que nunca habrá que pagar rendimientos anuales. Hoy, esta salida mágica se antoja difícil.
Y por eso, mientras la diplomacia comunitaria se lanza al tradicional proceso de negociación sobre las características y el reparto de ese nuevo fondo comunitario, sigue siendo el banco que preside Christine Lagarde, quien debe hacer frente a las urgencias de los gobiernos del sur.
Pero siempre con la misma medicina, deuda y más deuda. Un circuito complejo y económicamente inquietante. Para hacer sostenibles los pasivos de los estados y evitar que las primas de riesgo de los más débiles se disparen, el BCE mantiene los tipos de interés bajísimos, cuando no directamente negativos. Pero eso, al mismo tiempo, también aleja a muchos inversores que no encuentran atractivas las emisiones públicas, reduciendo así el número de compradores. Y así, el banco del euro compra más deuda ahora que antes, pues aparte de los bancos privados nacionales, hay pocos interesados, y los programas deben tener cada vez más recursos. De España, ya tiene el 40%, 400.000 millones. El instrumento sirve también para compensar a esa banca por las estrecheces en la cuenta de resultados que le imponen los bajos tipos de interés. El BCE les deja dinero y devolverán menos del que reciben; compran deuda pública y ganen con el margen.
Una mecánica que no se podrá mantener indefinidamente. Desde la Gran Recesión está causando rechazo político entre las clases medias del centro de Europa, a las que, último ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán ha dado voz en su reciente sentencia contra el BCE. Pero, asimismo, también desde la anterior crisis, provoca descontento y enfado social en los países del Sur, en la medida en que la imposibilidad de seguir financiando los gastos con endémicas emisiones de deuda, obliga a adoptar políticas internas de ajuste. A ese problema, el acuerdo europeo no le ha dado, de momento, respuesta y lo más grave es que parece no haber conciencia de ello. Es poco probable que se acometa esa tarea en un futuro próximo, cuando ya los agobios del coronavirus y la caída de la economía sean cosa del pasado para las clases políticas y las poblaciones más acomodadas del centro de Europa.
El plan de la comisión piensa en términos de modelo económico futuro, no de las angustias del presente