El trilema de la privacidad
Una noche de octubre del 2018, el propietario de una cadena de supermercados de Nueva York estaba cenando en Cipriani, un restaurante italiano del Soho, y vio entrar a su hija acompañada por un hombre al que no conocía. Esperó a que se sentaran, sin decirles nada, y pidió a un camarero que, discretamente, le sacara una foto a él con su móvil.
Una vez tuvo la foto, utilizó una aplicación de reconocimiento facial (Clearview AI) para ver quién era aquel hombre que acompañaba a su hija. En cuestión de segundos, se enteró de que era un financiero de San Francisco y tuvo a la vista su currículum y una colección de fotos suyas. Envió el currículum a su hija por Whatsapp y supongo que se rió cuando su hija y el amigo descubrieron que estaba cenando en el mismo restaurante y que estaba informado de quién era él.
Esta anécdota muestra bien hasta qué punto nuestra privacidad puede evaporarse. Clearview era una empresa muy poco conocida. En enero de este año, The New York Times publicó que había desarrollado un programa de reconocimiento facial que, con una foto, permitía identificar a cualquier persona que tuviera una mínima huella digital y que este programa estaba siendo utilizado no sólo por la policía, sino también por agencias de seguridad privadas y por personas que no tenían nada que ver con el mundo de la seguridad. Clearview replicó que su programa solo estaba al alcance de la policía y de especialistas en la lucha contra la delincuencia, y el periódico sacó a la luz la anécdota del propietario de la cadena de supermercados y su hija para demostrar que también se estaba utilizando con otros motivos.
No sé si este programa continúa disponible, pero si no lo está, debe de haber otros. El resultado es que hay personas capaces de identificar a cualquiera que tenga presencia en las redes. Es una cuestión de maña tecnológica y, probablemente, de dinero. Si a esto le añadimos la proliferación de cámaras de seguridad y el rastro que los teléfonos móviles y las tarjetas de crédito dejan de los lugares por los que pasamos y de lo que compramos, podemos concluir que, si no nos ponemos las pilas, nuestra privacidad será pronto tan quimérica como la del amigo de la hija del propietario de la cadena de supermercados de Nueva York.
A la hora de hacer uso de la ingente información digital disponible, hay tres modelos: en China, esta información está en manos del Estado, que la utiliza para controlar a los ciudadanos. En Estados Unidos, está en venta y las empresas la utilizan para comercializar sus productos. En
Europa, gracias a las normas sobre protección de datos, esta información aún pertenece –al menos legalmente– a los ciudadanos que la generan. Pero la lucha contra la pandemia de la Covid-19 puede poner a prueba la solidez de los principios europeos.
Hasta ahora, se entendía que la pandemia nos obligaba a elegir entre salvar vidas o salvar la economía. Era un dilema falso, porque sin vidas no hay economía y porque proteger a la sociedad de una posible segunda oleada de infecciones también es una manera de proteger la economía. Pero no dejaba de tener cierta lógica: si manteníamos la actividad económica, nos exponíamos a la proliferación de infecciones y al colapso del sistema sanitario, pero si nos encerrábamos en casa –como hemos hecho–, nos condenábamos a una crisis económica severa.
La desescalada y la posible reaparición del virus en otoño –los dioses no lo permitan– pueden convertir este dilema en un trilema, porque la necesidad de rastrear a los infectados y a sus contactos a través de aplicaciones informáticas para evitar rebrotes introduce una tercera variable: nuestra privacidad. Con el personal sanitario de que disponemos, vigilar a todos los infectados y a sus contactos es muy difícil.
En cambio, con una aplicación en el móvil puede ser relativamente sencillo. Pero es necesario que los ciudadanos aceptemos que las autoridades sanitarias puedan saber en todo momento dónde y con quién estamos. Es de suponer que nos inclinaremos a aceptarlo, porque nos jugamos la salud. Pero hay un inconveniente: si las autoridades sanitarias tienen esta información, ¿quién nos dice que no habrá filtraciones y que no acabará en manos de otras personas?
En mi caso, esto no tiene mucha importancia, porque ¿a quién le puede interesar con quién coma o dónde me compre un cepillo de dientes? Pero ¿y en el caso de los políticos? ¿Y de las estrellas de la televisión? ¿Y de Leo Messi? Bien mirado, incluso a mí mismo puede no apetecerme que la información sobre mis movimientos quede colgada en la nube por los siglos de los siglos, al alcance de quién sabe quién para ser utilizada quién sabe con qué objetivos.
En los próximos meses, si la epidemia no remite, nos podemos encontrar, pues, en una situación con tres variables –la salud, la economía y la privacidad–, de las cuales puede ser difícil proteger a más de dos. Podemos encerrarnos en casa para proteger nuestra salud y privacidad, pero entonces la economía sufrirá. Podemos mantener la actividad económica sin aceptar aplicaciones de rastreo, para proteger la economía y la privacidad, pero entonces peligrará nuestra salud. Y podemos retomar la actividad económica con aplicaciones de rastreo, para proteger nuestra salud y la economía, pero entonces puede estar en riesgo nuestra privacidad.
Todos sabemos cuál es el lado más débil de este triángulo. De modo que ya nos podemos hacer a la idea de que, si la Covid-19 no se va por donde ha venido y si las autoridades proponen un sistema de rastreo digital, les tendremos que exigir que afinen mucho con la regulación para proteger nuestra privacidad. No vayamos a perder por un lado lo que ganamos por el otro.
Si las autoridades proponen
un rastreo digital, les tendremos que exigir que afinen con la regulación