El final de la concesión angustia a restauradores del frente marítimo
A finales de este mes termina la prórroga de un año concedida por el Estado y miles de puestos de trabajo siguen en el aire
Alrededor de 40 negocios en primera línea de mar en Barcelona denuncian que el futuro de sus negocios está en el aire, que unos 4.000 puestos de trabajo penden de un hilo, que las negociaciones con el Gobierno central para garantizar su continuidad en la zona no avanzan tal y como se esperaban. Sus contratos de alquiler expiran en apenas un par de semanas.
“El Estado está incumpliendo sus compromisos –dicen algunos de los empresarios–, se suponía que garantizaría nuestra continuidad”. “Podemos convertirnos en la próxima Nissan –lamentan representantes de los trabajadores– con la diferencia de que en nuestro caso todo depende de nuestros políticos. En sus manos está la solución y nuestro futuro”. Y encima el tiempo se acaba. Tic, tac. Como hace ahora un año. Una vez más la inseguridad jurídica acecha al empresariado barcelonés. Los trabajadores ya preparan manifestaciones de protesta ante la Delegación de Gobierno.
Hablamos principalmente de los restaurantes del paseo Marítim y de los chiringuitos ubicados un poco más allá, frente a la playa de Bogatell, de negocios muy arraigados en la ciudad, como, entre otros muchos, el Bestial, el Agua, el Moncho’s, el Escarmarlà, el Escribà, el Catamarán… incluso algunas dependencias del hotel Arts y del Casino de Barcelona podrían verse afectadas por un embrollo administrativo que se arrastra desde hace unos cuantos años.
El asunto se remonta a los tiempos de la Barcelona preolímpica. En 1989, el Estado otorgó al Ayuntamiento la concesión administrativa de unos 470.000 metros cuadrados de terrenos del litoral diseminados entre la Barceloneta y los lindes con Sant Adrià de Besòs con el objetivo de que los Juegos de 1992 se hicieran realidad. La transformación de la zona propició la apertura de Barcelona al mar y de todos estos negocios Pero aquella concesión acabó el 27 de junio del año pasado. El gobierno de Ada Colau trató entonces de aprovechar el tercio para cerrar una buena parte de estos locales, básicamente los del paseo Marítim dedicados al ocio nocturno, y transformar la zona con equipamientos ciudadanos y científicos. Al final, sobre la bocina, el Estado se sacó de la manga una prórroga y concedió un alquiler de un año a los empresarios.
“Esperábamos que este año sirviera para que el Gobierno nos ofreciera alguna propuesta que garantizara la continuidad de nuestros negocios”, lamentan algunos empresarios de la zona. “Pero apenas nos quedan dos semanas de contrato y todo sigue en el aire –aseguran otros–. No sabemos qué pasará con nosotros”. “En un par de semanas podemos vernos trabajando en precario, como ocupas. El tamaño de estas empresas es demasiado grande, requiere de inversiones considerables, no podemos trabajar en estas condiciones”.
“Ahora estamos volviendo al trabajo tras el confinamiento. Nuestros clientes nos estaban esperando, pero nos encontramos en un momento muy delicado. Necesitamos que nos ayuden, no que nos pongan palos en las ruedas”. “Muchos estamos muy dispuestos a comprar nuestros locales, pero el Estado parece más interesado en subastarlos”. “Y entonces cualquier cosa podrá pasar, cualquiera puede venir y hacerse con todo”.
Empresarios y trabajadores se quejan de que durante este año han faltado propuestas firmes de solución