Josefa y Vicente, una historia ejemplar
Algunas situaciones ocurridas durante la pandemia en las residencias de ancianos demuestran el sinsentido de la discriminación; la Covid-19 no era sinónimo de muerte a partir de cierta edad
Esta es una historia que acaba bien y por esa misma razón, porque hay pocas que acaben de este modo en el drama vivido en las residencias de ancianos desde el pasado mes de marzo, merece la pena empezar por ahí.
Josefa Ruiz y Vicente Murillo, de 93 y 100 años, se contagiaron de la Covid-19 en la residencia en la que vivían, en Amavir Diagonal. Estuvieron dos semanas enfermos en su habitación con síntomas de la dolencia.
Su hijo, Àngel, explica, en una conversación telefónica de ayer mismo, que está convencido de que si no hubiesen conseguido trasladarlos al hospital del Mar no habrían sobrevivido. Pero insistieron, insistieron e insistieron hasta que lograron que una ambulancia los llevara hasta allí. Pasaron unos días en el hospital y luego fueron trasladados al Fòrum, uno de los espacios habilitados por el Ayuntamiento de Barcelona para acoger a enfermos.
Hoy Josefa y Vicente viven. Han vuelto a la residencia. Esta pasada semana –cuando por primera vez se han hecho pruebas a todos los ancianos del centro–; Vicente ya no da positivo y Josefa, a la que le ha constado más reponerse, aún tiene la enfermedad pero está bien.
El caso de este matrimonio es relevante para los familiares de víctimas de la Covid-19 en esta residencia de Barcelona, que como muchos otros han organizado una especie de asamblea permanente, porque demuestra que era posible salvar a los ancianos. Que coronavirus no era exactamente un sinónimo ineludible de muerte, aunque se superaran los 80 o los 90 años.
Este va a ser uno de los argumentos de la batalla jurídica –y, con toda probabilidad, política– que se va a desarrollar en los próximos meses cuando las numerosas demandas presentadas en toda España contra las direcciones y propietarios de las residencias y los servicios sanitarios por miles de familias que han perdido a sus ancianos en esta crisis, lleguen a los tribunales.
Josep Maria Barcelona, abogado de del gabinete Escura especializado en el sector residencial, ha estado en contacto con muchos directores y responsables de residencias. Su testimonio, recogido entre centenares de profesionales del sector, es taxativo: “las peticiones de derivación a hospitales no fueron permitidas y, en algunos casos, acabaron con la sedación de los usuarios en el propio centro. No fueron uno, ni dos casos, fueron muchos en los que no fue posible realizar una derivación hospitalaria que sí se hubiese realizado en circunstancias normales”.
La limitación terapéutica, esto es, la privación de los recursos sanitarios para los ancianos que vivían en residencias, se debatirá en los juzgados, en las comisiones de investigación de los parlamentos y será también –de hecho, ya lo es ahora– objeto de un debate ético. La pregunta que habrá que responder en todas partes será la misma: ¿es aceptable la discriminación sobre la salud?
Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez llamó a hacer un “examen de conciencia colectivo” sobre lo ocurrido en las residencias porque, aseguró, la pandemia ha puesto de relieve “la fragilidad preocupante del sistema”.
Entretanto algunos grupos de la oposición en Catalunya empiezan a subrayar la gravedad del problema. “El PSC denunció en el Parlament las dificultades que se encontraban familiares y responsables de residencias a la hora de derivar a residentes a centros hospitalarios –explica el diputado del PSC, Raúl Moreno–. Era más probable ingresar si venías de casa con síntomas que si procedías de una residencia. Podemos compartir que en algunos casos no se aconsejara el ingreso porque podía agravar el estado de salud del residente, pero consideramos que se ha aplicado un criterio de edadismo que no ha garantizado la asistencia sanitaria a muchos usuarios de residencias”.
También en el grupo de Catalunya
Pedro Sánchez invitó a hacer un “examen de conciencia” sobre lo ocurrido en las residencias
en Comú mantienen una perspectiva crítica. Marta Ribas, diputada de esta formación, considera que la discriminación hacia las residencias “no viene de ahora sino que es el resultado de un largo proceso de privatización y degradación de un servicio”. Para Ribas lo ocurrido en estas semanas es que se ha puesto en evidencia “una discriminación que viene de lejos”.
Desde esta mañana, los familiares de las personas que viven en las residencias podrán volver a visitarlos al tiempo que los propietarios de estos centros podrán empezar a preparar la aceptación de nuevos ingresos para lo cual, previamente, tendrán que haber presentado un plan de contingencia ante la eventualidad de que se vuela a reproducir la pandemia.
Entre los profesionales consultados, no son pocos los que creen que esos planes serán papel mojado si el virus vuelve a atacar con la virulencia que lo ha hecho esta vez.