Los países mediterráneos de la UE vuelven a pedir cuotas de inmigrantes
Los países mediterráneos piden un reparto obligatorio de los refugiados
La reforma de reglas sobre inmigración vuelve a dividir a la UE. Los países mediterráneos –entre ellos, España– reclaman cuotas obligatorias de reparto.
Cuotas o no cuotas. Este es el dilema al que se enfrenta la Comisión Europea mientras está ultimando su propuesta para modificar las reglas europeas sobre migración que quedaron seriamente tocadas por la llegada masiva de refugiados en el 2015. A lo largo de este mes de junio, el Ejecutivo comunitario presentará su reforma del pacto de Emigración y Asilo y, lógicamente, en este periodo previo le llueven los documentos de los distintos estados miembros presionando para hacer valer sus planteamientos. Vistas las propuestas, el enfrentamiento está servido, porque a la demanda de cuotas obligatorias de los países del Mediterráneo, responden con una negativa rotunda los centroeuropeos y el grupo de Visegrado.
Las cuotas serán un elemento clave de la reforma, como lo fueron en el 2015. En aquel momento, la iniciativa del entonces presidente de la Comisión, Jean-claude Juncker, de establecer unas cuotas obligatorias de reparto triunfó en la teoría, porque se aprobó la norma, pero fracasó estrepitosamente en la práctica, porque pocos países la cumplieron y algunos del Este, con Hungría a la cabeza, hicieron bandera de su desobediencia.
Ahora, esto es precisamente lo que piden España y cuatro países más que están en la primera línea de recepción de migrantes. “Introduclara, cir un mecanismo de reubicación obligatoria que implique la distribución entre todos los estados miembros de todos los que entren en el territorio de un Estado miembro, incluidos los procedentes de operaciones de salvamento”, dice el documento aportado por España, Italia, Grecia, Chipre y Malta al que ha tenido acceso La Vanguardia.
Son las reivindicaciones de los países con fronteras marítimas exteriores de la Unión Europea y a los que llega un alto número de migrantes huyendo de África, y que piden diferenciar entre las entradas irregulares y las que proceden de las operaciones de salvamento. “Estas llegadas son consecuencia del cumplimiento de una obligación bajo la ley marítima internacional y no el resultado de ineficiencias en el control de fronteras. En caso de presión migratoria desproporcionada en la frontera mediterránea de un Estado miembro, debe proponerse un lugar seguro alternativo”, se pide en esta comunicación fechada el 4 de junio, que viene a recordar el gran problema del 2015, cuando los países centroeuropeos se desentendieron de las llegadas masivas, especialmente a Italia.
Además, los 5 mediterráneos cuestionan otro tema polémico, la norma que fija que es el Estado de la Unión Europea por el que entra un refugiado quien tiene que hacerse cargo de la solicitud de asilo. Este es el principio por el que se rige el convenio de Dublín, y que estos países piden modificar. “Es necesario superar el criterio de la responsabilidad del país de primera entrada… durante años, su aplicación no ha asegurado un justa distribución de la carga entre los estados miembros y ha concentrado la carga en solo unos pocos de ellos”, señalan, y proponen sustituirlo por una distribución entre todos los países.
El choque está servido. Porque frente a estos planteamientos, los países de Visegrado rechazan cualquier forma de reubicación. “El Gobierno polaco, el Gobierno del Partido de la Ley y la Justicia, se opone de forma clara y tajante a la relocalización de inmigrantes ilegales en nuestro país. Esta es una postura
inequívoca e innegociable”, dijo el ministro polaco de Interior, Mariusz Kaminski, hablando en nombre también de Eslovaquia, Hungría y la República Checa.
También llegan avisos de Austria y Dinamarca para evitar “posiciones que despierten viejos desacuerdos”, según una carta de los responsables de Interior de estos países citada por Politico. Los viejos desacuerdos que se citan no son otros que las cuotas obligatorias de reparto que para muchos de estos países suponen un anatema.
Los países del centro de Europa consideran que introducir las cuotas obligatorias supone dificultar el acuerdo, al mismo tiempo que aluden a un supuesto efecto llamada, y limitan su solidaridad con los mediterráneos a ayudas financieras y apoyo técnico a través de las agencias europeas y los propios países.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que coordina los temas de migración, dijo en una entrevista con La Vanguardia en mayo que ahora hay más argumentos para convencer a los países reacios a aceptar el reparto de la carga. Según su planteamiento, actualmente se han mejorado las relaciones con los países de origen de la migración y también se ha reforzado la gestión de las fronteras, con lo que habría más margen de actuar para evitar que el esfuerzo de concentre exclusivamente en los países donde llegan los migrantes.
La primera respuesta de la Unión Europea frente a la llegada masiva de emigrantes en el 2015 fue una decisión de calado político pero en parte frustrada. Se decidió relocalizar a 160.000 solicitantes de asilo de Italia y Grecia hacia otros países europeos, pero se calcula que solo 34.000 fueron trasladados. Finalmente, el bálsamo llegó en forma de un discutido acuerdo con Turquía. Un ejemplo de libro de realpolitik que frenó de manera drástica la llegada de migrantes. Posteriormente, en diciembre del 2017, el entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dio por enterradas las cuotas en una carta a los jefes de gobierno en la que las calificó de “ineficaces” y “muy divisivas”.
VISEGRADO EN CONTRA “Nos oponemos a la relocalización; es una postura inequívoca, clara e innegociable”
CONVENIO DE DUBLÍN
Los 5 mediterráneos quieren cambiar la responsabilidad del país de primera entrada
PROPUESTA DE LA COMISIÓN Bruselas presentará este mes su reforma del pacto de Migración y Asilo
DEMANDA ESPAÑOLA “Introducir un mecanismo de reubicación obligatoria entre todos los estados”