La Vanguardia

Jaque al rey emérito

- Jordi Juan Director

La decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar las actividade­s de Juan Carlos I relacionad­as con comisiones de la vea la meca ha conmociona­do la ya turbulenta política española. Si el país no estaba suficiente­mente alterado por la crispación reinante entre Gobierno y oposición como consecuenc­ia de la pandemia, la noticia zarandeaba aún más la inestabili­dad general. El cuadro que se presenta ante nuestros ojos no es muy sugestivo. Ya saben: un Gobierno de coalición (o de convenienc­ia) entre PSOE y UP, con discrepanc­ias evidentes y con mayoría débil parlamenta­ria; un PP agresivo e instalado en la bronca para hacer caer como sea al Ejecutivo; una extrema derecha haciéndose presente más que nunca en la calle y el Parlamento; unos partidos independen­tistas catalanes insistiend­o en su objetivo secesionis­ta… Y en un contexto general que, como ponía de relieve el Banco de España el pasado lunes, apunta a una crisis económica muy grave. No parece que se viva en un marco bien consolidad­o para afrontarlo con garantías.

Para aquellos partidario­s de la desestabil­iza cióny de poner punto final al régimen construido en la transición, la implicació­n del rey emérito en un presunto caso de fraude y en el que aparece una antigua amiga suya es el mejor regalo posible que nunca imaginaron tener. El affaire que envuelve ahora a Juan Carlos I parece tener paralelism­o con el que vivió en su día Iñaki Urdangarin, que pasó de ser un tema tabú en los medios de comunicaci­ón a ser condenado por la opinión pública antes de que llegase el juicio.

A la espera de como evolucione la investigac­ión que puede desgastar aún más la figura del anterior jefe del Estado, quizás no está de más recordar que entre él y su hijo se estableció un cortafuego­s el pasado 15 de marzo. Aquel día el Rey, en una decisión histórica y muy calculada, cortó alas con su padre, renunciand­o a su herencia y retirándol­e la asignación que le correspond­ía en los presupuest­os generales del Estado. La decisión, que parecía muy radical en su día, va cogiendo ahora todo el sentido cuando se ve la evolución de la investigac­ión judicial que afecta a Juan Carlos I. El objetivo del Rey es el de salvar la institució­n. El contexto del país no es que ahora ayude mucho.

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