Mientras trabaja la justicia
Todos los listos del reino se han apresurado a considerar una malísima noticia para la Corona que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya asumido la investigación por posibles comisiones ilegales del AVE a La Meca, “al resultar de las mismas –según nota del propio organismo judicial– que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces rey, Juan Carlos de Borbón”. Que un tribunal te investigue es como si te colocaran una letra escarlata: algo habrás hecho y si, encima, la semilla del mal cae en un terreno abonado date por condenado.
En la Zarzuela, o al menos en la cabeza de quienes, por proximidad, tienen más datos y mejor conocimiento del asunto, están más en la línea de calificar si no de buena, al menos de necesaria, la noticia el anuncio de esa investigación. ¿Por qué?, pues porque ese es el único camino para que se aclare de una vez por todas la profundidad del pozo en el que, en estos momentos, se están mezclando posibles delitos, cuestiones morales, asuntos amorosos, intrigas políticas y, sobre todo, una estrategia ya utilizada durante la instrucción del caso Nóos: hacer caer al santo rompiendo la peana.
Entonces, en paralelo a la investigación, juicio y condena a Iñaki Urdangarin hubo movimientos que pretendían socavar el prestigio de la monarquía y más concretamente alejar del trono al rey Juan Carlos. Un gol en propia puerta, el famoso incidente de Botsuana y todo lo que había detrás, precipitó la abdicación de la que ahora van a cumplirse seis años. Ahora, con la situación política radicalizada, una crisis sanitaria que ha dejado en segundo plano –pero latentes y con ganas de salir al campo– otros conflictos como el que afecta a Catalunya, la tentación de cuestionar la Corona tiene allanado el camino.
La realidad que se vive en la Zarzuela, sin embargo, es que la decisión de la Fiscalía del Supremo no es más que una cuestión de procedimiento para aclarar qué hay detrás de las declaraciones de Corinna Larsen, en primer lugar, y de los abogados Dante Canonica y Arturo Fasana, que al ser investigados de oficio por el fiscal suizo, Yves Bertosa por sus irregularidades fiscales, afirmaron que actuaban en nombre del rey Juan Carlos.
“Dejemos que trabaje la justicia” es una frase dicha por muchos de los que ahora no esperan a que termine la película y ya, con el tráiler, condenan al protagonista. La consideración de que el paso de la Fiscalía es una buena, o al menos conveniente, noticia se basa en la teoría de que cuando un asunto como el que afecta al anterior jefe del Estado entra en vía judicial, de algún modo, se evita –sería deseable que evitara– que se politice. El proceso seguirá su curso, el fiscal encargado estudiará la documentación y decidirá si ha o no lugar a una acusación y sí la hay, qué tipo de delito puede imputársele al rey Juan Carlos.
Esos pasos son, de alguna manera, o deberían ser, una especie de garantía de que el asunto no va a ser pilotado por quienes alientan la controversia política. De alguna manera, se contienen los juicios fuera de los tribunales.
Ya existe un juicio moral que ha condenado al rey Juan Carlos y no, por los últimos acontecimientos, parte de la sociedad lo hizo tras la caída de Botsuana, metáfora de lo que iba a ser la caída de su prestigio. Pero terco y, sin duda, siendo el único que conoce la verdad de lo que ha hecho y en qué circunstancias, el anterior jefe del Estado quiso poner un epílogo al final abrupto de su reinado y casi lo consiguió cuando, con motivo del 40.º aniversario
El caso Urdangarin se usó para acabar con el reinado de Juan Carlos y ahora se vuelve a cuestionar la Corona
El anterior jefe del Estado quiso poner un epílogo al final abrupto de su reinado de 39 años y casi lo consiguió
de la Constitución, se le rindió homenaje en las Cortes por los servicios prestados.
Poco le duró la alegría, el gran error, fruto para unos de la debilidad humana y, para otros, una imperdonable actuación de alguien que tiene la obligación de ser ejemplar, de meter en su vida a Corinna Larsen, se le echó encima, como un tsunami. Una relación sentimental que derivó en una alianza económica que acabó afectando a sus funciones como jefe de Estado, lleva camino de convertirse en una tormenta, para algunos perfecta. La decisión del rey Felipe de cortar la asignación a su padre, además de renunciar a su futura herencia no fue solo un cortafuegos, fue una declaración de principios para que nadie ponga en duda la honorabilidad del actual jefe del Estado.
El caso Urdangarin se instrumentalizó para señalar al reinado de Juan Carlos I y a nadie se el escapa que, ahora, es Juan Carlos I el que puede convertirse en fuego amigo y lanzar las llamas contra la Corona. Se equivocan quienes fabulan con esa posibilidad, Juan Carlos de Borbón, no es un Urdangarin cualquiera: fue jefe del Estado durante 39 años.