Las cuotas de la discordia en la UE
La llegada de inmigrantes a Europa en los últimos años, y especialmente a partir de la crisis que se produjo en el 2015 con la entrada de más de un millón de personas, sigue siendo uno de los grandes temas pendientes de la agenda de los países de la Unión Europea, mientras el Mediterráneo se ha convertido en el testigo incómodo de sus fracasos.
En los dos últimos años el flujo migratorio ha descendido pero sigue sin resolverse el gran debate sobre si puede haber en Europa una política inmigratoria común, una política de asilo común. Hemos asistido en el último lustro al choque entre estados partidarios de la mano dura contra los migrantes, como Hungría, Polonia, Eslovaquia y Chequia, y otros, como Alemania, que les abrieron las puertas generando la polémica sobre el reparto obligatorio de los refugiados entre todos los países de la UE. La Comisión Europea es partidaria de combinar la Europa fortaleza en las fronteras exteriores con la solidaridad interna en el reparto para quienes tengan el derecho al asilo, pero es una política arriesgada pues no garantiza que los partidarios de la mano dura asuman un posible reparto.
Los países de la Europa central y del este se oponen a las reubicaciones obligatorias alegando que las decisiones sobre la concesión de los permisos de residencia deberían mantenerse en el nivel nacional y que, al imponer cuotas de forma unilateral a los estados, los burócratas de Bruselas obligarían a líderes democráticamente elegidos a someterse a sus dictados. Por ello defienden que sean los estados por donde ingresan los inmigrantes –los mediterráneos del sur– quienes asuman hacerse cargo de ellos con ayudas europeas.
Lo que está en juego es la reforma del convenio de Dublín, que establece que el primer país de entrada irregular de un migrante será el responsable de tramitar su posible solicitud de asilo. Ello impone una carga desproporcionada a los países fronterizos como España, Italia y Grecia y por eso Bruselas quiere introducir un mecanismo permanente de cuotas obligatorias, fórmula que se ensayó en la crisis del 2015 y ha resultado un fracaso, pues de los 160.000 refugiados que los estados se comprometieron a repartirse, dos años después solo se había reubicado a 34.689.
El eterno debate migratorio entre los Veintisiete no solo enfrenta a los países del centro y este de Europa con los del sur, sino que también hay estados como Austria, Holanda y Dinamarca que reprochan a los países mediterráneos no retener a los migrantes, dejándoles llegar al centro de la UE. Bruselas lleva cinco años tratando de diseñar con los estados un sistema permanente que active un reparto automático de cuotas de acogida, hasta ahora sin éxito. En los próximos días debe presentar su reforma del pacto de Migración y Asilo y se reproducirá el choque entre el bloque del sur –España, Italia, Grecia, Malta y Chipre– y los estados del grupo de Visegrado. Los países mediterráneos piden derogar el convenio de Dublín y distribuir la carga entre los estados de la UE. Los del centro y del este se oponen frontalmente a acoger inmigrantes ilegales, con lo que el conflicto está servido.
Este viejo enfrentamiento entre países de la UE se suma al más reciente sobre el fondo de recuperación propuesto por la Comisión Europa, basado en el plan francoalemán, de transferencias a los estados para paliar la crisis del coronavirus. El rechazo de los países frugales, sin embargo, parece no ser ya tan monolítico puesto que Dinamarca se ha ido acercando a las posiciones alemanas y Austria, cuya economía depende en gran medida de la germana, parece suavizar su oposición. Sin duda la sombra de Merkel es alargada –más aún presidiendo este semestre la UE– y los postulados de Berlín tienen mucha fuerza y quizá podrían empezar a materializarse en el próximo Consejo Europeo del día 19.
Los países de Centroeuropa
rechazan el reparto obligatorio de migrantes que demandan los del sur