Denunciar abusos a menores será una obligación de todos
La nueva ley de Protección a la Infancia pasa el primer filtro
“Pido perdón a todas aquellas víctimas para las que llegamos tarde”, manifestó ayer el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, al anunciar con “orgullo” el primer filtro superado en Consejo de Ministros del anteproyecto de la nueva ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia.
Un texto fruto de un trabajo de años en el que han participado diferentes gobiernos, trabajadores de servicios sociales, entidades de la sociedad civil y oenegés. Una nueva norma a la que muchos se refieren –entre ellos el propio Iglesias– como la ley Rhodes, en referencia al pianista británico afincado en España que sufrió abusos sexuales durante su infancia y que ha ayudado en la redacción de esta ley que aspira a erradicar la violencia, los abusos durante la infancia y la adolescencia.
“Los niños y niñas merecen ser felices y habrá tolerancia cero con los que no cumplan esta premisa”, anunció, por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Y es que ese anteproyecto, que Iglesias confía se convierta en ley con el máximo consenso político, traslada la responsabilidad del bienestar de la infancia a toda la sociedad.
“Cualquier ciudadano que tenga un indicio de violencia contra un menor estará obligado a comunicarlo o denunciarlo”, recalcó el ministro de Derechos Sociales. La prevención será clave y se quiere implicar a toda la sociedad para “acabar con la impunidad de los agresores”, añadió Iglesias. La obligación de denunciar afecta también –lo que no pasa en otros delitos– a los familiares de los agresores. O dicho de otra manera, si se prueba que una persona tenía conocimiento de un caso de violencia contra un menor y no lo ha denunciado, ese silencio podrá tener ahora consecuencias penales.
El vicepresidente segundo del Gobierno recalcó que con esta ley, España se pone a la altura de otros países europeos. “Era un proyecto prioritario del Gobierno”, indicó Iglesias. La cifras sobre la violencia infligida a la infancia justifican estas prisas de última hora. Según datos de Interior un total de 38.000 menores fueron víctimas de agresiones y abusos en el 2018. Ese año, 50.000 menores fueron atendidos tras ser protagonistas de algún delito y según la macroencuesta del 2015 sobre violencia machista “dos de cada cuatro mujeres dijeron que sus hijos estaban presentes cuando sufrieron malos tratos”, recordó Pablo Iglesias.
El ministro de Derechos Sociales confía en que esta ley marque un antes y un después para esos menores que sufren violencia en su entorno. “No queremos que nadie vuelva a vivir lo sufrido por todas aquellas víctimas para las que esta nueva norma llega demasiado tarde”, reiteró Iglesias. Como las que no han podido sentar en el banquillo de los acusados a sus agresores al haber prescrito los delitos o aquellas personas que muchos años después siguen padeciendo las secuelas de agresiones y abusos padecidos cuando eran niños, sin que el sistema les ayude.
La imposibilidad de cicatrizar esas heridas es otro tema que preocupa a Iglesias, según se traduce de una cita de James Rhodes que el ministro recordó en su comparecencia: “Si comparásemos la vida con correr un maratón, los abusos sexuales en la infancia tienen el efecto de quitarte una de las piernas y cargarte con una mochila llena de ladrillos”.
Los familiares de los agresores podrán ser perseguidos si ocultan hechos delictivos de sus propios parientes