El frente marítimo pide a Colau que defienda sus negocios
Los restauradores y trabajadores de los establecimientos situados en el frente marítimo de Barcelona están desesperados. En unas semanas finaliza la prórroga de las concesiones de sus negocios y, por eso, han pedido por carta a la alcaldesa Ada Colau que interceda por ellos ante el Estado para garantizar su supervivencia. Consideran que la carrera política de Colau está vinculada a la defensa de los trabajadores, “las causas injustas y los desahucios insensibles”, y ahora ellos están ante esta situación a causa de las “indecisiones del Estado y la falta de inversión en ese espacio”.
Por todas estas razones, los 4.000 empleados que trabajan en la restauración del frente marítimo instan a la alcaldesa que se reúna con ellos, los escuche y les ayude a encontrar una solución. Se trata de algunos negocios que llevan toda la vida frente a las playas del Bogatell y están muy arraigados en la ciudad como el Moncho’s, Ca la Nuri, el Escamarlà, Escribà, Catamarán, Pato Pekin, Agua, el Bestial...
Denuncian que en un mes deberán dejar los locales, ya que finalizará la prórroga de un año de la concesión de los espacios ubicados en la zona, y temen perder su trabajo de cara al verano. En su carta a la alcaldesa afirman que se sienten vulnerables y que nadie defiende el mantenimiento de la actividad y de sus puestos de trabajo. “Somos conscientes que la decisión de encontrar una solución definitiva depende del Estado, pero te pedimos que como representante de la ciudad y de las buenas causas nos ayudes a hacer llegar este mensaje”.
El concejal de Presidencia, Jordi Martí, explica que las negociaciones con el Estado en el marco de las cesiones de la línea marítima terrestre a la ciudad llevan un tiempo encalladas. “Por un lado está la discusión sobre los usos, los vecinos quieren más actividades ciudadanas y menos negocios, y, por otro, el derecho de los actuales titulares cuando acabe el contrato”.
Martí asegura que hay acuerdo con el Estado para ceder a la ciudad el pabellón de la Mar Bella y el espacio donde están los chiringuitos. “Son construcciones efímeras y no sabemos si el cambio climático acabará por hacer retroceder la playa. Necesitamos que esa franja sea municipal, y luego sacaremos a concurso los locales que hay allí”. Donde existe más divergencia es en el espacio intermedio, entre la arena y el paseo marítimo elevado, donde hay restaurantes y discotecas. Martí dice que está calificado como vial y que tiene más lógica que alguno de los locales sea el aula virtual del Centro de Investigaciones Científicas (CSIC) y que puede haber algún restaurante. “Estamos estudiando las posibilidades en el caso de que nos cedan esta franja. No queremos que el Estado lo venda a terceros”. Con todo, advierte que, si el Estado al final conserva la propiedad de los locales, los sacará a concurso, por lo que los actuales contratos finalizarán.
Por su parte, el Gobierno ya ha aprobado una resolución para que no compute en el plazo de vencimiento de los alquileres el periodo entre la declaración del estado de alarma y el pase a la fase 1. Por tanto, la nueva fecha de caducidad de los contratos será el próximo septiembre. La Delegación del Gobierno, a través del subdelegado del Gobierno en Barcelona, Carlos Prieto, ha estado en contacto con todas las partes implicadas: “Hemos querido saber sus inquietudes y sus demandas. Siempre en coordinación con los agentes implicados y con atención a la propuesta que haga el Ayuntamiento. Esta es una actitud que continuará hasta la resolución de la cuestión, combinando el interés general con la actividad económica y los empleos”.
Los empleados de los restaurantes de la zona instan a la alcaldesa a mediar con el Estado para garantizar su supervivencia
LAS NEGOCIACIONES Acuerdo inicial con el Estado para ceder a la ciudad el espacio de los chiringuitos
SOLUCIÓN DE EMERGENCIA El Gobierno amplía hasta septiembre los contratos por el estado de alarma