Vives ultima un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel
El exteniente de alcalde de Barcelona aceptaría dos años de cárcel a cambio de reconocer que malversó en Barcelona Regional
Antoni Vives, exteniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias, ultima un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel por el asunto de Barcelona Regional (BR). Según avanzó ayer El Periódico de Catalunya, el exconcejal ha llegado a un principio de acuerdo con la Fiscalía, que está pendiente de ratificarse, en el que aceptaría una pena de dos años de prisión y el pago de una multa de 60.000 euros a cambio de declararse culpable de haber malversado dinero público cuando era el presidente del consejo de administración de BR, una empresa pública cuyo principal accionista es el Ayuntamiento de Barcelona y cuyo objetivo era exportar el modelo urbanístico barcelonés.
La sospecha que pesa sobre el exconcejal es que presuntamente contrató de forma ficticia al exalcalde de Cervelló Jesús Arévalo y al excantante de los Sírex, Antoni Miquel, más conocido como Leslie, si bien el fiscal no lo acusa por este último caso.
A la espera de suscribirse el pacto, la Fiscalía solicitó para Vives una pena de cinco años de prisión por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. En caso de ratificarse el acuerdo, Vives se aseguraría que no ingresaría en prisión, si bien su deuda con la justicia no quedaría finiquitada ya que también está imputado en la causa del 3%, en la que se investiga la presunta financiación irregular de CDC. El juicio contra la cúpula de BR debía celebrarse esta semana, pero quedó suspendido por la pandemia y ha sido pospuesto al próximo 1 de octubre. Es en esa fecha cuando deberá ratificarse el acuerdo de conformidad. En la causa también constan como acusados Jesús Arévalo y el ex director general de Barcelona Regional Willy Müller.
El escrito de acusación relata que cuando Arévalo fue elegido alcalde de Cervelló iba a cobrar menos –47.275 euros– de lo que percibía en su antiguo trabajo como arquitecto municipal en Sant Feliu de Llobregat y, según la tesis acusatoria, solicitó a su partido “que fuera contratado por la administración para así completar su remuneración anual”.
Al conocer esa situación, según el fiscal, Vives “optó por contratarlo ficticiamente en la entidad Barcelona Regional”, para lo cual se puso de acuerdo con el director general Willy Müller y se redactó un contrato laboral “con consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos”, describe el fiscal. El alcalde de Cervelló cobró 155.000 euros de Barcelona Regional durante cuatro años.
El exconcejal de CIU supuestamente contrató de forma ficticia al exalcalde de Cervelló