La maldita foto de la paella
La fotografía en Cadaqués de Josep Lluís Trapero y Carles Puigdemont alrededor de una paella, en el agosto del 2016, ha perseguido al mayor de los Mossos en los últimos años. De aquella imagen neutra, con una veintena de comensales más o menos conocidos, se ha querido inferir una complicidad ideológica de la que me atrevería a dudar. La paella puede que tenga algo de iniciático, viendo como la gente se reúne a su alrededor, pero su consumo compartido no permite establecer otras consideraciones ideológicas. Dicho de otro modo, igual se puede comerla con amigos que con conocidos o simplemente con saludados.
Una de las decisiones más sorprendentes de las últimas horas ha sido ver cómo la Fiscalía
de la Audiencia Nacional pasaba de acusar a Trapero, la intendente Teresa Laplana y a dos cargos políticos del Departament d’interior por rebelión a aceptar una condena por desobediencia. Por el primer delito, los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira solicitaban una pena de once años de prisión en el inicio del juicio, pero en sus peticiones finales aceptan una condena por desobediencia que comportaría una inhabilitación de veinte meses y una multa de 60.000 euros, sin pasar por la cárcel.
La declaración como testigo del mayor en la vista del procés, celebrado en el Tribunal Supremo, sorprendió porque negó en redondo connivencias con Puigdemont y explicó que había preparado un plan para arrestar a todo el Consell Executiu tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del 2017. En la misma línea, durante el juicio en la Audiencia, Ferran López, que fue jefe de los Mossos tras el 155, envió un informe al tribunal en el que detallaba el dispositivo preparado por Trapero en caso de que ordenaran las detenciones la Fiscalía o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
De todos modos, los fiscales siguen insistiendo en que Trapero diseñó mecanismos de actuación que impidieron evitar el referéndum del 1-O o las concentraciones ante la Conselleria d’economia el 20-S. Acusaciones poco sustentadas, donde no queda claro en qué consiste la desobediencia. ¿A quién desobedeció Trapero si desconocemos quién dio la orden de actuar el día de la consulta? La carga de la prueba no puede ser más débil, lo que debería comportar la absolución, cosa difícil por la presión que está ejerciendo “la prensa encanallada que envenena el debate público”, según definición del profesor Ignacio Sánchez-cuenca.
Es posible que Trapero intentara un equilibrio imposible, como ha escrito el abogado Javier Melero, que pasaba por proteger la independencia de los Mossos, minimizar la injerencia del Ministerio del Interior, cumplir lo que le mandaban las autoridades judiciales, no poner en contra a la población con la policía catalana y mantener la relación con el president Puigdemont. Me consta que fue así, porque pude preguntárselo días antes del 1-O. El problema de los equilibristas es que, a veces, el alambre por el que transitan es demasiado fino. O muy inestable.