¿Racistas o justicieros?
Vecinos de Premià de Mar repudian la etiqueta de xenófobos por luchar contra la delincuencia, pero nadie olvida los incidentes contra la mezquita
Premià de Mar
La sociedad de Premià de Mar (Maresme) está tensionada y dividida. La causa es la diversidad de interpretaciones a la reacción de un vecindario contra unos delincuentes que les hacían la vida imposible. Se mezcla lo que el propio alcalde define como “una acción vecinal contra la delincuencia” en la que algunos actuaron como justicieros y lo que para otros es una actuación con tintes racistas, una receta de agitación con consecuencias imprevisibles. Luchar por la cohesión social pasará inevitablemente por recuperar la concordia vecinal y política.
Y es que Premià tiene una herida abierta que no ha conseguido sanar en 18 años: haber acogido una manifestación de 1.500 personas contra la ubicación de una mezquita. En aquella concentración de enero del 2002, que acabó con enfrentamientos entre manifestantes y colectivos antifascistas, tomó impulso un personaje que después pasaría a los anales como uno de los grandes exponentes contemporáneos de la extrema derecha xenófoba, Josep Anglada, que a raíz de liderar la protesta contra el centro de culto islámico pudo consolidar Plataforma per Catalunya, organización segregacionista integrada por muchas caras conocidas que ahora pueblan el partido ultraderechista de Vox.
Los propios vecinos acusados de racistas lamentan la utilización que algunos partidos hacen de su protesta. “Mírame la piel, no ves que soy negro, cómo voy a ser racista”, exclama uno de los vecinos a los que los colectivos antifascistas acusan directamente. Otros intuyen que la acción espontánea que acabó en una algarada contra los cuatro jóvenes magrebíes se alimenta con fines electorales.
La ciudadanía de Premià, claramente segmentada por capas sociales que fijan los propios barrios de residencia, no ha quedado ajena al conjunto de circunstancias que han detonado la convivencia. Antes de la sensibilización mediática por la dinámica antirracista procedente de Estados Unidos, los premianenses ya intuían, y así lo referían en las redes sociales, un incremento de actos delictivos justificados por la presión policial en la ciudad de Barcelona, que ha acabado generando un éxodo de delincuentes hacia el área metropolitana.
La respuesta, tanto policial como política, fue negar la evidencia en base a estadísticas en las que alardeaban, como anunció el actual conseller de Interior y exalcalde de la población, Miquel Buch, de una disminución de los delitos en un 15,2%. Una declaración que muchos vecinos interpretaron como un regateo a las reclamaciones ciudadanas. La sensación de inseguridad seguía inalterable y la vecindad vaticinaba un recrudecimiento de los robos violentos, como así acabó siendo.
El detonante del movimiento vecinal contra los actos delictivos con reiteración, especialmente los atribuidos a los cuatro inquilinos migrantes del piso de la plaza Doctor Ferran, fue la brutal agresión a un mosso fuera de servicio el 9 de mayo en plena Gran Via, cuando intentó evitar una agresión a una anciana que había recriminado a un grupo de subsaharianos no llevar la mascarilla higiénica. Días antes, las redes sociales incendiaban haciéndose eco de robos continuados “a ancianos a los que agredían para arrebatarles las cadenas, los relojes y los móviles”. En aquel momento, se empezaron a gestar en las redes las patrullas ciudadanas y las llamadas a la autodefensa.
En paralelo, otras entidades sociales denunciaban la deriva que tomaban los acontecimientos, sin llegar a concretar con denuncias a los responsables de los comentarios injuriosos que presagiaban acciones violentas. Cinco días después de la agresión al agente, varios colectivos, asociaciones y partidos publicaban un comunicado alertando de las consecuencias que podían generar los rumores, muchas veces complementados con fotografías que animaban a concentraciones como la de Masnou, donde un menor tutelado fue detenido por haber intentado violar a una joven.
En Premià de Mar, el epicentro de la polémica volvía a ser el piso ocupado por cuatro jóvenes magrebíes, a los que el confinamiento no impedía incrementar su actividad delictiva. Prueba de ello es que acumulaban más de 20 antecedentes por robos con violencia, como admitió la Administración catalana.
Esa tensión desencadenó en incidentes graves el día 1. Lo que empezó como una concentración de protesta acabó con un violento asalto a la vivienda ocupada y la detención de dos manifestantes. El ataque volvía a poner a Premià en el punto de mira de las actitudes racistas 20 años después y la clase política tampoco contribuyó a pacificar los ánimos crispados que aún hoy persisten. En Premià de Mar se suceden las manifestaciones en apoyos a los detenidos, las concentraciones de condena a los ataques y las iniciativas antirracistas. Pero entre este bosque de reproches resurge una iniciativa que ya funcionó en el 2.000: la Plataforma Premià per la Convivència que, si lograra eludir la manipulación política, podría ser la tabla de salvación para un pueblo marcado por los conflictos.
UNA FÓRMULA CONOCIDA Impulsan la Plataforma per la Convivencia que hace 20 años contribuyó a la cohesión social
LOS INCIDENTES
El alcalde se reafirma en que la acción contra el piso de los magrebíes no fue un acto racista