El derecho a teletrabajar

Las experiencias internacionales (Holanda, Suecia, Alemania) han demostrado que el teletrabajo parcial –dos o tres días a la semana– genera beneficios en términos de reducción de la contaminación, atascos, mejora de la conciliación, disminución del burnout y de los costes empresariales e, incluso, permite un fomento del desarrollo de áreas rurales –siempre que éstas cuenten con suficientes servicios y disponibilidad de banda ancha–. Por ello, parece sensato que, desde las instituciones, se fomente el teletrabajo.

Sin embargo, hasta la llegada de la pandemia, el teletrabajo no había sido considerado un derecho, ni tan siquiera se había producido un debate profundo sobre su “deseabilidad social”. Así, actualmente, el trabajador que quiera teletrabajar deberá pactarlo con el empresario. Solo en supuestos excepcionales, y derivado de una necesidad objetiva y justificada de conciliación, se ha reconocido la obligación del empresario de conceder el derecho al teletrabajo, mientras no le cause un perjuicio económico.

De esta forma, sin duda, la primera pregunta que debería responder la nueva ley del teletrabajo proyectada por el Gobierno es si va a configurarse el teletrabajo como derecho. Ahora bien, lo cierto es que proporcionar un derecho ilimitado al mismo dificultaría sumamente la organización empresarial. Aunque durante la pandemia no ha quedado más remedio que permitir el teletrabajo siempre que ello fuera posible, esto no quiere decir que se pueda imponer a la empresa, de forma indefinida, la posibilidad de elección del trabajador para decidir cómo prestar sus servicios.

Así, una de las primeras cuestiones que ha de resolver la nueva ley del teletrabajo es bajo qué criterios se podrá exigir el teletrabajo. Hasta ahora, la decisión se ha adoptado por consenso. Se requería un acuerdo en la conveniencia del teletrabajo, sin que ninguna de las dos partes –empresario o trabajador– pudiera exigirlo. Esta situación ha provocado que seamos uno de los países con la ratio más baja de teletrabajadores de Europa.

Si se concluye que es deseable fomentar el teletrabajo, la normativa debería ir un paso más allá. En mi opinión, el verdadero impulso de esta forma de prestar servicios pasa por configurar el derecho a solicitar el teletrabajo desvinculándolo de la alegación de conciliación. Actualmente, el derecho al teletrabajo se encuentra limitado a aquellas personas que tengan familiares a su cargo, aunque pueda ser beneficioso para otras personas y en otros ámbitos (medioambientales, etcétera). Por esta razón, debería desligarse el derecho a solicitar el teletrabajo de la conciliación, abriéndolo a otros colectivos de trabajadores. Paralelamente, las causas a las que la empresa puede acogerse para rechazar las solicitudes deberían venir tasadas con el objetivo de evitar la arbitrariedad del empresario. No obstante, estas razones que permitan al empresario rechazar la solicitud del trabajador a teletrabajar no deberían estar recogidas por la ley, sino elaborarse por la negociación colectiva, para permitir una adaptación al sector y empresa donde surja el conflicto.

La nueva ley que prepara el Gobierno debería desvincular el teletrabajo de los argumentos de conciliación