La Audiencia avala el cierre de la web de la ANC que pidió Foment

La Audiencia Provincial de Barcelona ha rechazado el recurso de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) contra el auto del tribunal mercantil 11 de Barcelona en el que la jueza ordenó, de manera cautelar, el cierre de la web Consum Estratègic y el cese de la campaña de boicot a productos que promulgaba la citada organización. En un auto notificado hace unos días, la Audiencia desestima la apelación de la ANC –a la que condena en costas– y confirma las medidas cautelares de la jueza Amagoia Serrano que había solicitado Foment del Treball.

El caso se remonta a hace algo más de un año, cuando la ANC, asociación independentista presidida por Elisenda Paluzie, lanzó una campaña denominada Consum Estratègic en la que animaba a los catalanes a comprar productos de compañías afines a la autodeterminación y secesión de Catalunya, lógicamente en detrimento de otras cuyos líderes o propietarios no comulgaran con esas ideas.

Foment, presidida por Josep Sánchez Llibre, denunció a la ANC ante la Autoritat Catalana de la Competència y recurrió también a los tribunales mercantiles por considerar que la campaña atentaba contra la competencia. El pasado diciembre, la jueza puso freno a las proclamas de la ANC y ordenó el cierre de la web que instaba a un consumo selectivo por causas políticas.

Ahora, la Audiencia da plena validez a los hechos acreditados por la jueza conforme “la ANC aprovechó unas circunstancias políticas y sociales muy determinadas para alentar a los consumidores y a las empresas de Catalunya para que resolvieran sus contratos o evitaran relaciones comerciales con quienes habían denominado la campaña del miedo, refiriéndose en tono peyorativo a las empresas del Ibex, del BOE o del palco del Bernabéu y a aquellas que habían trasladado su domicilio fuera de Catalunya”.

Esta práctica, prosigue la Audiencia, encaja en lo que la ley de competencia desleal define como un boicot, en este caso tendente a “discriminar a los que no comparten un proyecto político”. La Audiencia remarca, además, que la invocación a la libertad de expresión por parte de la ANC choca en este caso con el principio de libertad de empresa y con el ejercicio de la libre competencia antes mencionado.

En cuanto a la necesidad o no de adoptar las medidas cautelares, la Audiencia se alinea también con la jueza Serrano y recuerda que la ANC habló de 148.000 contratos resueltos y de las vías para proseguir con esta práctica. “Concurre la necesidad de parar la conducta desleal que puede causar daños irreparables, ya que el objetivo de la campaña era la expulsión del mercado de empresas que la ANC consideraba no afines” a la nonata República catalana.

“La campaña buscaba expulsar del mercado las empresas que la ANC consideraba no afines”, dice el auto