Ampliar los límites de nuestro sistema de protección social
Desde esta semana ya se puede pedir el ingreso mínimo vital (IMV). Y hay que celebrarlo: por fin tenemos una política estatal de rentas mínimas, asimilable a la de los países vecinos. El IMV se une a la caja de herramientas que constituyen las políticas para hacer frente a la pobreza severa, y que completan la renta garantizada de ciudadanía (RGC) de Catalunya, y las pensiones no contributivas (PNC) estatales. En total, el Estado prevé realizar un gasto de 3.000 millones de euros al año en el IMV, que se suman a los 2.500 millones de la nómina anual de las PNC y a los 388 millones que dedicará la Generalitat a la RGC en 2020. Un importante esfuerzo pero que habrá que seguir incrementando los próximos años y que habrá que aplicar con los mejores de los aciertos.
En Catalunya conocemos las dificultades de implementar una nueva política como esta, ya que, a pesar del consenso político y social que generó su aprobación, la RGC todavía no es la herramienta que deseamos cuando se iniciaron los trámites parlamentarios. La situación ahora es diferente, y la RGC tiene que entenderse con el IMV, adaptarse, y desde Cáritas vemos una ventana de oportunidad para corregir los déficits que tiene nuestro sistema de protección social.
El IMV actuará como una renta base, estableciendo un umbral a partir del cual la RGC tiene que poder ampliar la cobertura y mejorar las condiciones. Consideramos especialmente importante que la RGC se extienda a aquellas personas a las cuales no llegaba hasta ahora, empezando por las que están en situación administrativa irregular. Por el hecho de no disponer de autorización de residencia o trabajo tienen unas dificultades extraordinarias a la hora de acceder a derechos básicos y, así y todo, inexplicablemente se quedaron fuera de la RGC.
De igual manera, la RGC y el IMV tendrán que dialogar con respecto a la precariedad laboral. Muchas personas trabajadoras no llegan a cubrir los gastos más básicos debido a la precariedad laboral y los bajos salarios con respecto al coste de la vida. La conexión entre las dos políticas tendría que permitir a la RGC compatibilizar los ingresos precarios del trabajo y los ingresos por estas prestaciones, tal como hace el IMV. Mientras esperamos que una nueva legislación laboral acabe con las condiciones precarias de trabajo, hay que centrarnos en cómo la RGC puede acabar con la pobreza de las personas que ya trabajan.
Por último, se abre una nueva oportunidad para plantear la relación de la RGC con el problema de la vivienda de las personas en exclusión social. Hace más de diez años que vivimos una situación donde la vivienda es un elemento principal de las situaciones de exclusión en nuestro país. Hasta ahora, la RGC ha sido incompatible con las ayudas al alquiler de la Generalitat, y ha sido negada a personas sin hogar. La aprobación del IMV tiene que significar un cambio en la RGC que permita hacer compatible unas ayudas al pago del alquiler que hay que potenciar como política pública, y tiene que reconocer el derecho a una renta mínima incluso a las personas que duermen y viven en la calle.
Del acuerdo entre el IMV y la RGC, y del nuevo despliegue de la RGC, dependerá cómo afrontamos las consecuencias sociales de la Covid-19, así como la manera en cómo nos preparamos para próximas crisis. Desde Cáritas estamos seguros de que todo el mundo estará a la altura de los momentos que vivimos, porque nos jugamos mucho como sociedad.
La renta garantizada de ciudadanía (RGC) de Catalunya se tendría que ampliar a personas que no tienen autorización de residencia o trabajo