El PSOE elimina la tasa a las grandes fortunas del pacto de reconstrucción
Calviño entra en la negociación y obliga a revisar el acuerdo de Sánchez e Iglesias
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, obligó ayer a PSOE y Unidas Podemos a una negociación agónica de los documentos de conclusiones de la comisión de Reconstrucción, casi desde cero. Los de Pablo Iglesias asumieron la negativa tajante de los socialistas a que apareciese en el documento un impuesto a las grandes fortunas –sin renunciar a seguir dando la batalla para tratar de que acabe aprobándose–, en pos de un documento conjunto, pero esa actuación de consuno estuvo a punto de saltar por los aires. Los laureles bruselenses a los que aspira Calviño, candidata a presidir el Eurogrupo, parecen haberse convertido en el objeto deslumbrante cuyo fogonazo ha dejado a los negociadores cual conejo al que le dan las largas.
La crisis comenzó el lunes por la tarde. El fin de semana, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos trabajaron conjuntamente en los cuatro documentos marco para el borrador de las conclusiones de la comisión de Reconstrucción: Unión Europea, Sanidad y Salud Pública, Políticas Sociales y Reactivación económica, correspondientes a sendos grupos de trabajo. Sus portavoces, Adriana Lastra, por los socialistas, y Pablo Echenique, por los morados, intercambiaron documentos y correcciones durante 48 horas con objeto de que en la reunión de maitines del lunes, el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias dieran sus bendiciones al documento final de la coalición. Tras la celebración del Consejo de Ministros, según fuentes del Gobierno, Sánchez e Iglesias prosiguieron su reunión para establecer los términos del documento final. Rápidamente, los socios de Gobierno fijaron el texto de los dos documentos correspondientes a Unión Europea y Sanidad y Salud Pública. En cambio, quedaron abiertos y con indicaciones para introducción de matices los relativos a Políticas Sociales y Reactivación Económica, donde se concentraban las discrepancias. A esas horas, ya era obvio que el impuesto a las grandes
PRESUPUESTOS Unidas Podemos persistirá en llevar el impuesto a la riqueza al Consejo de Ministros
LA INTERVENCIÓN DE CALVIÑO El texto de la coalición estaba hecho el lunes, pero la vicepresidenta obligó a rehacerlo
fortunas no estaría en el documento final, para tranquilidad de Calviño y decepción de Iglesias. La tasa no figura como tal de forma específica en el pacto de Gobierno, aunque sí una reforma fiscal cuya vocación es recuperar la justicia redistributiva, subiendo la presión fiscal para la parte alta de los contribuyentes, y relajándola para rentas medias y bajas. El impacto de la pandemia tiene un efecto de estrechamiento sobre la capacidad de generar ingresos para hacer frente a la notable factura que las medidas extraordinarias han generado en las cuentas públicas. Los inconvenientes de gravar a la economía productiva en un marco de recuperación fue lo que animó a Unidas Podemos y a una parte del PSOE a redoblar la apuesta por aumentar la carga fiscal sobre los capitales improductivos, lo que supone poner el foco sobre un impuesto a las grandes fortunas y la recuperación del impuesto de donaciones y sucesiones. O sea, gravar la economía rentista para salvar a la productiva.
El documento final se compromete, en términos similares al pacto de gobierno, a “reducir la brecha fiscal con Europa”, y “avanzar en la progresividad del sistema fiscal”, para “mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal”. Ese impuesto sí aparece, en cambio, en las conclusiones presentadas por el grupo de Esquerra Republicana, que, además de gravar fortunas de más de un millón de euros con un tipo del 3% propone subir en 2 puntos la tarifa de las rentas del ahorro superiores a 100.000 euros y en 5 puntos las superiores a 150.000 euros. Y crear un mando
único europeo para crisis como la pandemia, lo que llama la atención, considerando que el mando único del estado de alarma fue uno de los caballos de batalla de los republicanos.
El objetivo de PSOE y UP ha sido en todo caso mantener la sincronía gubernamental y salvar el documento conjunto de mínimos, por lo que Podemos, aún renunciando a la mención explícita del impuesto, reivindica su autonomía para que la medida acabe llegando, antes o después, al Consejo de Ministros. Los morados asumen que esa batalla, en todo caso, solo se pospone hasta la negociación presupuestaria y el diseño de la futura reforma fiscal.
Avanzado el lunes, los grupos cerraron el texto conjunto, de acuerdo a lo acordado por Sánchez e Iglesias, para la aprobación del ejecutivo. El texto final elaborado por Lastra y Echenique fue revisado por todos los ministerios concernidos. Pero la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, responsable de relaciones con las Cortes, devolvió un texto nuevo en el que, más allá del impuesto a las grandes fortunas, había desaparecido cualquier referencia a las reivindicaciones principales de los colectivos sociales que habían ido compareciendo en la comisión de reconstrucción. Ayer por la mañana parecía inevitable que los grupos parlamentarios presentaran dos borradores distintos.
Al final, se reincorporaron puntos de la agenda económica y social de Podemos, como la posibilidad de extender las moratorias de desahucio y cortes de suministros, el compromiso de avance en la conciliación laboral, la defensa expresa de los derechos sociales de la Constitución así como dos leyes nuevas, una sobre teletrabajo y una ley de Industria –pactada con agentes sociales y comunidades autónomas– para reorientar el modelo productivo, lo que incluye un plan de reindustrialización de medio-largo plazo. Eso y la mejora del mercado laboral sirvió para evitar la ruptura.
La ausencia de unos objetivos fiscales claros, además de tranquilizar a Nadia Calviño en sus aspiraciones bruselenses, permite el acercamiento a Ciudadanos. Tanto la formación naranja como el PP han lanzado en sus documentos gazas para un eventual pacto. En el caso de los populares, los puntos de encuentro no pasan de hablar de un pacto de sanidad –lo que Pablo Casado bautizó como “pacto Cajal”–, lo que siempre estuvo en su agenda, mientras que el documento de Ciudadanos tiene algunos anclajes más, en objetivos de reorientación económica, reindustrialización y digitalización que cabría conjugar con los del documento del Gobierno. Por doquier, tibias voluntades de pacto. Miedo a romper algo.