Los GAL y la incomodidad de Iglesias

La justicia estableció que detrás del terrorismo de los GAL había destacadísimos miembros de los gobiernos socialistas, así como funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es historia. Si el Tribunal Supremo condenó a José Barrionuevo, Rafael Vera, Julián Sancristóbal y nueve hombres más por el secuestro de Segundo Marey es porque se probó que la lucha contra ETA había degenerado en una guerra sucia que, con el objetivo de defender las leyes y la vida, había alumbrado una red mafiosa y criminal que, actuando al margen del Estado de derecho, había erosionado la legitimidad del poder democrático desde su interior, lo cual era un regalo para los etarras y sus partidarios.

Hagamos memoria: en ese momento, y a pesar de que el PP y cierta prensa usaron los crímenes de los GAL para debilitar al PSOE (en un ejercicio de fariseísmo monumental, puesto que la derecha había alentado, con anterioridad, grupos armados similares), la opinión pública española no criticó masivamente lo que Barrionuevo y sus cómplices llevaron a cabo, ni se escandalizó por ello. Salvo en el País Vasco, por razones obvias, la sociedad asumió, en general, que contra ETA valía todo. Algunos analistas sintetizaron ese clima moral con la siguiente tesis: hay que acatar la sentencia del caso Marey, pero es contraria a “la convicción social dominante”, según la cual recurrir a mercenarios, secuestros, ejecuciones sin juicio y entierros en cal viva es aceptable si se trata de acabar con los terroristas de ETA. Convicción social.

El PSOE siempre supo que sus bases –a pesar del bombardeo mediático– no le iban a fallar por el asunto de los GAL. La dulce derrota de González en 1996 –que permitió al PP llegar al Gobierno– no tuvo como motor el desgaste por la guerra sucia, sino la pérdida de confianza que provocaron los casos más sonados de corrupción. Por todo eso no puede hablarse hoy de los GAL sin tener en cuenta que, a pesar de la sentencia del Supremo (con el voto particular del presidente de la Sala y tres magistrados opuestos a la condena), no existió repulsa social por esos crímenes. Al contrario, en ciertos entornos, el episodio sirvió para lanzar un mensaje claro: a los socialistas no se les caen los anillos si tienen que ensuciarse las manos para preservar la ley y el orden. Por otro lado, Jordi Pujol, que en esa época era el socio preferente de José M.ª Aznar junto al PNV, añadió al comunicado oficial de CIU sobre la sentencia unas referencias a “la magnanimidad y el sentido del bien común”, palabras que parecían la pista de aterrizaje para eventuales indultos, y para que los populares dejaran de hurgar en esa cloaca.

Cuando Podemos alcanzó un acuerdo para gobernar con el PSOE, debía saber que se sentaría a la mesa con representantes de un partido centenario con una larga historia de luces y sombras. Extraños rebotes han llevado los GAL a la orilla de la actualidad, como los restos de un naufragio que estorba en la memoria. Así las cosas, Podemos ha experimentado la tensión irresoluble entre la promesa de regeneración radical del 15-M y la apuesta reformista que supone el programa acordado con Pedro Sánchez. Si la organización que se proclamó heredera de los indignados se hubiera mantenido en la pureza de eso que Bernard Crick denomina “la política estudiantil”, Pablo Echenique y los demás no habrían tenido que retorcer torpemente su retórica para defender un marco de sentido que antes rechazaban y que hoy certifica su apuesta por el pragmatismo. Pili Zabala, hermana de una de las víctimas de los GAL y candidata a lehendakari por Podemos en el 2016, llamó al vicepresidente para expresarle su preocupación y decirle que “si toman esas decisiones, yo me voy a alejar; yo no voy a aguantar esos desprecios, esos pasos atrás”. Las contradicciones están maduras: vences impugnando solemnemente “el régimen del 78” y, luego, desde el poder, le quitas importancia a lo peor que ocurrió bajo el mandato de González.

Al final, los de Iglesias rectificaron y decidieron avalar en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre la presunta vinculación de Felipe González con los GAL. El malestar en Podemos Euskadi y en los comunes, en Catalunya, influyó en ese giro de guión. ¿Habría ocurrido lo mismo si los votos de Unidas Podemos hubieran sido imprescindibles para evitar el mal trago al PSOE? La iniciativa de escrutar ese pasado maloliente no ha prosperado, gracias a los votos de socialistas, populares y Vox en la mesa de la Cámara Baja. Es un aviso. Iglesias puede irse preparando para afrontar más situaciones de este tipo; tiene a su favor que los críticos con su realismo –los fundamentalistas, por decirlo con el lenguaje de Los Verdes alemanes de los ochenta– ya están casi todos fuera de la organización.

En medio de este lodo, en 1998, los socialistas reprochaban al PP que hubiera dado la puntilla al espíritu de la transición y que practicara el revanchismo. Hoy, los populares (y también los ultras) garantizan al socialista González una jubilación sin sustos y sin necropsias morales.

Vences impugnando “el régimen del 78” y luego le quitas importancia a lo peor del mandato de González