La CEOE rechaza el proyecto de teletrabajo del Gobierno
Montero habla de “borradores” y apuesta por el acuerdo con los agentes sociales
Sin solución de continuidad, Gobierno, patronal y sindicatos ya tienen sobre la mesa otra negociación de calado: la regulación del teletrabajo. El Ministerio de Trabajo ha remitido a los agentes sociales su anteproyecto de ley, que quieren aprobar sin dilación para empezar a tramitarlo antes de las vacaciones parlamentarias en agosto. Algunas de las propuestas del texto, como que la empresa se haga cargo de todos los gastos directos e indirectos de trabajar desde casa o nuevos derechos para los empleados sobre teletrabajo, han hecho saltar las alarmas en la patronal. Ayer, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, amenazó con deslocalizaciones en el caso de que se apliquen “criterios poco atractivos y con rigidez”.
“Si tengo que contratar y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar a mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal...”, aseguró ayer en Onda Cero. Como ya anticipó hace unas semanas, Garamendi insistió en defender que este tipo de cambios legislativos se deben abordar con “más tranquilidad”, sin “un decreto cada mes y medio”. Así, criticó plantear cambios basados en una situación excepcional en la que las restricciones para combatir la pandemia han llevado a casi un tercio de los ocupados a teletrabajar.
Precisamente el riesgo de abusos durante las últimas semanas para parte de los asalariados que han estado trabajando desde casa ha sido uno de los principales argumentos de los sindicatos –apoyados a su vez públicamente por la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz– para urgir a contar con una legislación específica cuanto antes. El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, defendió ayer que la regulación del teletrabajo es “una necesidad objetiva”, después de la experiencia del confinamiento. “Con todo lo que ha pasado y la proliferación del teletrabajo, sí hay urgencia de regularlo... Es urgente abordarlo desde el diálogo social”, declaró por su parte Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
En todo caso, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda,
“MÁS TRANQUILIDAD” Garamendi advierte de deslocalizaciones si se aplican criterios “poco atractivos”
LECCIONES DEL CONFINAMIENTO CC.OO. y UGT defienden la urgencia de legislar para evitar abusos
María Jesús Montero, trató de aplacar el enfado expresado por la patronal. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros extraordinario, Montero señaló de forma reiterada que la propuesta del ministerio de Díaz son “borradores de trabajo” y que el Ejecutivo remitirá el proyecto de ley al Congreso de los Diputados “cuando lo tengamos consensuado en el diálogo social”.
Horas antes, la ministra de Trabajo no había dudado en dar un tirón de orejas a Garamendi, al acusarlo de “no haber leído bien” el texto proporcionado por su departamento.
El anteproyecto de ley, base para la negociación con la patronal y los sindicatos mayoritarios, establece que la empresa debe hacerse cargo de “todos los gastos, directos e indirectos”, en los que puede incurrir un asalariado por el hecho de trabajar a distancia. Entre ellos, los que tienen que ver con “equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral”. Sobre los gastos, Díaz explicó que “el modelo al que vamos es sencillamente definir el puesto de trabajo y después que se repercutan los costes y ahí puede haber varias formulaciones: hay países que optan por un tanto por ciento de la nómina; otros optan por dietas, y otros por la comprobación documental de los gastos”.
El texto, adelantado por El País, recoge también la obligación de fijar por escrito un acuerdo entre empresa y trabajador, que detalle desde el equipo que recibe el empleado al horario laboral y “las reglas de disponibilidad”, la distribución entre trabajo presencial y a distancia, hasta las herramientas de control por parte de la compañía de la actividad. Asimismo, implanta un nuevo derecho a realizar teletrabajo ocasional por fuerza mayor, en el caso de que un familiar directo tenga un accidente o esté enfermo y fuera “indispensable la presencia de la persona trabajadora”. El empleado podrá teletrabajar hasta un 60% de su jornada ordinaria, si “fuera técnica y razonablemente posible”.
También especifica que se trata de una forma de trabajo voluntaria y reversible, al tiempo que asegura los mismos derechos que para los compañeros que solo trabajan de forma presencial. Además, abunda en el derecho a la desconexión y crea otro nuevo, que permite al trabajador negociar flexibilidad en el horario laboral, precisa el texto, “respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y de descanso”.
El anteproyecto fija que la empresa ha de cubrir todos los gastos por trabajar desde casa
En caso de accidente o enfermedad de un familiar, se podrá teletrabajar