La retirada de banderas

La juez ha ordenado retirar la bandera arcoíris, que reivindica los derechos del colectivo LGBI, de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, que afirmó en una sentencia que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente” la utilización, “incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”. Las guerras de banderas por motivos políticos tienen una larga tradición. Primero fue en Euskadi. Después, la colocación de lazos amarillos en las fachadas oficiales en Catalunya provocaron una polémica que ahora se extiende a otras reivindicaciones sociales. La libertad de expresión es un valor a preservar aunque suponga que, en algunos casos, los entes públicos no siempre representen el sentir político de todos sus administrados. Ir contra esa máxima lleva al absurdo de que las instituciones no puedan expresar su defensa de derechos esenciales, como es el de la igualdad y la libertad sexual.