Cuenta atrás para el tercer grado de los presos del 1-O
La situación penitenciaria se revisará en los próximos días
Las cárceles anunciarán en los próximos días si conceden el tercer grado (régimen de semilibertad) a los presos del procés, o bien los mantienen en el segundo. El procedimiento establece que una vez han pasado seis meses desde la primera clasificación esta debe ser revisada.
El plazo vence el próximo 9 de julio. Solo hay dos escenarios posibles: que los presos sigan en segundo grado, como hasta ahora, beneficiándose de las salidas diarias para ir a trabajar en virtud de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, o que se les conceda un tercer grado que implicaría que irían a dormir a la cárcel o a un centro abierto y pasarían los fines de semana en casa con sus familias.
Para que empezara a ejecutarse no valdría con la propuesta de las cárceles –que probablemente se conocerá la semana que viene–, sino que antes la debería ratificar la Generalitat, en concreto la secretaría de Mesures Penals de la Conselleria de Justicia, en manos de ERC. Solo en un 5% de los casos, la Generalitat modifica la propuesta de las cárceles.
Existe incluso la posibilidad para los presos de que puedan ir cada día a dormir a sus casas si se les aplica el artículo 86.4, una medida que la dirección de prisiones de Catalunya ha fomentado durante la emergencia del coronavirus para aligerar el número de internos de los centros penitenciarios y rebajar el riesgo de contagio. De hecho, un 85% de los internos clasificados en semilibertad duerme en su casa en vez de en la cárcel desde que se decretó la emergencia sanitaria. En el caso de los presos del procés, no sería de aplicación inmediata. Primero, debería aprobarse su tercer grado y luego las cárceles deberían proponer aplicarles el 86.4.
Sobre la clasificación en tercer grado podría llegar a pronunciarse el Tribunal Supremo (TS). La ley establece que el tribunal sentenciador puede decidir en última instancia si revoca o mantiene una determinada clasificación siempre y cuando la Fiscalía presente un recurso, una posibilidad de la que nadie duda vista la férrea oposición mostrada por el ministerio público respecto a las salidas de los presos del 1-O, a quienes acusa de beneficiarse de un tercer grado encubierto con el 100.2.
Las circunstancias, sin embargo, favorecen a los internos independentistas. Algunos, como los Jordis, han superado una cuarta parte de la condena –aunque no hace falta haber rebasado este plazo para lograr un tercer grado– y todos se han sometido a un 100.2 que ha sido avalado por los jueces de vigilancia penitenciaria e incluso, en el caso de Cuixart, por la Audiencia de Barcelona.
El TS evitó fijar un tiempo obligatorio de encarcelamiento en la sentencia del procés, y los jueces de vigilancia lo recuerdan en sus autos cada vez que deniegan los recursos de la Fiscalía contra el 100.2. Ahora bien, el Supremo tiene desde esta semana la posibilidad de limitar el 100.2 de Carme Forcadell, y por ende del resto de presos, después de que un juez de vigilancia de Lleida solicitó su revisión, aunque el órgano competente es la Audiencia. La pelota del 100.2 y de un eventual tercer grado estará tarde o temprano en el tejado del Supremo.
Un 85% de los internos clasificados en semilibertad duerme en su casa por la crisis sanitaria