Ingreso mínimo, dudas e incertidumbres
El ingreso mínimo vital (IMV) es una buena medida en tiempos de emergencia social como el que vivimos. Una buena noticia para las personas del Estado español que no tienen asegurados unos ingresos mínimos para subsistir. No es el caso de Catalunya porque, en la legislatura anterior, aprobamos la renta garantizada de ciudadanía (RGC).
Ahora bien, una iniciativa, además de ser buena, debe ser complementaria con el contexto en el que se quiere impulsar y con las herramientas que ya existen. Pero la puesta en marcha del IMV está generando confusión y preocupación a los agentes sociales y a las administraciones que deberían estar implicadas en la gestión. De momento, hemos tenido pocos compromisos y muchas dudas. La España centralista de siempre, vaya.
El Gobierno comete, una y otra vez, los mismos “errores” y, finalmente, los ciudadanos acabamos perdiendo. La crisis de la Covid19 ha mostrado deficiencias en la gestión centralizada, por ejemplo, pero parece que en la Moncloa no se han dado cuenta. La centralización de la compra de los EPI o la lentitud en los pagos de los ERTE son otras muestras de lo que comento. La crisis requería respuestas ágiles y el Gobierno español nunca lo es. Ahora con el IMV tememos que volverán a caer en la misma práctica.
En Catalunya, cabe recordarlo, tenemos la competencia en política social y un amplio conocimiento en la gestión de las prestaciones sociales. Además, la RGC aprobada por consenso de todo el Parlament es hoy un elemento clave para ayudar a las personas vulnerables a partir de un trabajo coordinado entre Serveis Socials y Ocupació y con una gobernanza compartida con los agentes sociales. En definitiva, se trata de una política de rentas avanzada, social y efectiva que empodera y ofrece oportunidades de futuro, que rompe el puro asistencialismo que podría representar el IMV, puesto que no se plantea como una renta de activación, como sí lo es la RGC, que potencia la inserción laboral.
Por esta razón, es absolutamente imprescindible que el IMV y la RGC no se interfieran; es decir, se deben complementar y alinear en la gestión con la finalidad de sumar contra la pobreza y la vulnerabilidad. Para hacerlo posible, solo se debe respetar el marco competencial actual y permitir que el IMV sea gestionado por la Generalitat.
Queremos la gestión del IMV para atender mejor a la ciudadanía, para implementar una ventanilla única y asegurar los derechos de los colectivos más vulnerables. El desarrollo del IMV por canales diferentes y no complementarios con la RGC puede generar mucha confusión a los más castigados por la crisis.
Nuestro país ya impulsó colectivamente la RGC. Ahora debemos aprovechar el IMV para llegar a muchas más personas que lo necesitan. Esto implicaría poner en marcha una política progresista efectiva y de futuro valiente. Aún estamos a tiempo.
Desde la Generalitat queremos la gestión del IMV para atender mejor a la ciudadanía y no generar confusión