Millones para la economía verde y digital
La decisión del Gobierno de aprobar 40.000 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar inversiones en sostenibilidad medioambiental y digitalización supone un enorme impulso, que apenas tiene precedentes, para situar a España en el camino de su transformación tecnológica ante los retos del siglo XXI. Como se ha dicho ya varias veces, la economía del futuro –mejor casi del presente– será verde y digital o no será. Esa transformación comporta, asimismo, un salto cualitativo hacia el empleo estable y de calidad. Hay estimaciones que indican que las llamadas inversiones verdes, destinadas a la transformación energética de la sociedad, podrían llegar a superar ampliamente los 200.000 millones de euros en los próximos años y crear más de 350.000 puestos de trabajo. Para ello la colaboración público-privada es fundamental, y en este sentido cabe entender la nueva iniciativa financiera impulsada por el Gobierno. La línea de 100.000 millones de avales del ICO impulsada anteriormente para ayudar al tejido productivo a superar los problemas de liquidez provocados por la crisis de la pandemia de la Covid-19 ha funcionado relativamente bien al sumar los esfuerzos del crédito público, de la banca privada y de las propias empresas solicitantes.
La nueva iniciativa financiera del Gobierno está en sintonía con las prioridades del Plan de Reconstrucción Europeo –aún en discusión–, ya que buena parte de los 750.000 millones de inversión que prevé –de los que 140.000 millones podrían ser para España– se pretende que se destinen a la economía verde juntamente con la transformación digital. El reto del Gobierno y del sector privado es, a partir de ahora, establecer una adecuada planificación estratégica de proyectos de inversión a corto, medio y largo plazo para aprovechar al máximo esas importantes inyecciones de liquidez en condiciones financieras muy ventajosas. El escenario para esa planificación está en el marco de actuación que se defina a partir del Plan Nacional del Clima, de la nueva ley de Cambio
Climático y Transición Ecológica, de la Estrategia Española de Economía Circular y del Plan de Inversiones y Reformas en el que trabaja la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño. Este plan se enviará a Bruselas para la financiación, a cargo del nuevo fondo del Plan de Reconstrucción, de los proyectos que España presente.
La transformación energética, la transición ecológica y el proceso de digitalización de la sociedad están estrechamente vinculados tecnológicamente, inciden de forma transversal en el conjunto de los sectores económicos, sociales y educativos, son fundamentales para la preservación del medio ambiente y para la lucha contra el cambio climático, así como son también absolutamente claves para la competitividad del tejido productivo, ya que la mayoría de las transformaciones necesarias abaratan costes y posibilitan crear empleo de calidad.
El desafío al que se enfrenta el Estado español es de dimensiones colosales y, como ha reconocido el presidente del Gobierno, requerirá el despliegue de todo el talento y el potencial del país, para lo que se requiere consenso en todos los ámbitos. Justamente eso es lo que se demanda desde el sector privado. Para que la inversión que se pretende en nuevos proyectos tecnológicos, energéticos y digitales pueda despegar, las empresas necesitan por encima de todo seguridad jurídica y estabilidad normativa a medio y largo plazo, en la que se involucren todas las administraciones, tanto la central como las autonómicas y locales, ya que las competencias están distribuidas en los tres niveles y no siempre son coincidentes.
El problema de fondo de la transformación energética y digital al que se enfrenta España, a la vista de las importantes aportaciones de fondos citadas, no es de dinero sino de talento, de compromiso de toda la sociedad, de acierto en las decisiones de inversión y de eficiencia en la gestión en la Administración pública y en las empresas, tanto las grandes como las pequeñas y medianas, que son la mayoría y las que necesitan más apoyo y soporte.
La transformación ecológica y digital de España necesita también
seguridad jurídica