Negociar desocupaciones y tapiar puertas y ventanas
aprovechadas por los ocupantes para cultivar marihuana, como la de Calafell que hace tres años se incendió y que sigue tal y como la dejaron los bomberos.
El goteo de denuncias presentadas durante los tres últimos meses ha obligado a las policías locales de la Costa Daurada a reforzar la vigilancia en sus urbanizaciones.
En el Maresme, otra de las zonas afectadas, el blindaje policial ha evitado, por ejemplo, que unos ocupas itinerantes se establecieran en Sant Vicenç de Montalt. Sin embargo, en otras zonas, algunos asaltantes aprovecharon el confinamiento de los propietarios para instalarse en sus segundas residencias.
En esta comarca barcelonesa el perfil de ocupa que ha aprovechado la desertización de las urbanizaciones es muy distinto al de los jóvenes migrantes que acceden a las viviendas por la fuerza en ciudades como Mataró o Premià. En estos casos se trataba de familias de etnia gitana, procedentes de Portugal o Rumanía, que decían venir de la periferia barcelonesa sin respetar ninguna de las medidas de seguridad impuestas por el confinamiento.
Un caso paradigmático que tardó meses en solucionarse fue la ocupación de una pequeña parcela con huerto y casa de madera en una urbanización de Mataró, herencia familiar de dos sanitarios que trabajan en el hospital de Blanes. “No pudimos ir hasta finales de junio y cuando llegamos nos encontramos una familia de cinco personas viviendo y comiendo del huerto”. Tras un proceso de mediación, los ocupas accedieron a marcharse, eso sí, tras “pagarles dos mil euros”, lo que ellos, a su vez, decían haber pagado a una mafia de magrebíes establecida en la capital del Maresme.
En Dosrius las autoridades todavía se preguntan por el misterioso desalojo de cuatro subsaharianos, también clientes del clan mafioso, que ocuparon una torre en el núcleo de Canyamars. De nada había servido la presión que ejerció un centenar de vecinos a finales de junio. Al cabo de tres días, el 25 del mes pasado, los accesos a la casa aparecieron tapiados con muros de ladrillos, y las rejas, soldadas. El Ayuntamiento niega cualquier intervención y dice desconocer a los autores del silencioso desalojo.
En Sant Cebrià de Vallalta fueron los Mossos quienes a primeros de junio impidieron que los vecinos de la urbanización Vistamar se enfrentasen a los ocupas, unas 40 personas de un clan gitano que ocuparon una torre, lo mismo que habían hecho días antes otros miembros de la familia en Premià de Dalt. En este último caso, los Mossos los desalojaron de inmediato porque en el vecindario, según algunas fuentes, hay “familiares de importantes políticos catalanes”.
MEDIACIÓN
Una pareja acaba pagando 2.000 euros a los ocupas para que abandonen su casa
REACCIÓN
Un centenar de vecinos de Dosrius se rebelaron por la invasión de una torre