No todo es culpa de Madrid
La inversión pública del Estado prevista anualmente para Catalunya desde el 2005 en los presupuestos generales del Estado ha sido siempre mayor que la asignada para Madrid. Pero luego, en la práctica, la inversión realmente ejecutada en territorio catalán resulta claramente inferior a la llevada a cabo en la comunidad madrileña. Se produce, por tanto, una clara divergencia entre la voluntad política expresada en la ley presupuestaria y la gestión administrativa de esta.
Habría que analizar, desde un punto de vista tanto técnico como político, las causas que explican esa divergencia y solucionar los problemas con la máxima eficiencia y rapidez. Es muy grave que a la insuficiente inversión que se asigna a Catalunya en los presupuestos del Estado, que prácticamente ningún año llega a la aportación de la comunidad al producto interior bruto (PIB) estatal, que es el 19,14%, se sume una notable disminución adicional por falta de ejecución de la obra pública ya aprobada. Esta situación ha hecho que, en los últimos cinco años, Catalunya haya recibido inversiones reales por valor de 3.850 millones de euros mientras Madrid ha obtenido 5.365 millones, lo que representa 1.500 millones más.
Madrid se beneficia del efecto capitalidad, de la existencia de un mismo color político en los partidos que gobiernan el Ayuntamiento de la capital y la comunidad autónoma, así como de un territorio menos complejo que facilita la realización de las obras públicas. Todo ello, en su conjunto, agiliza la toma de decisiones y la ejecución de los proyectos.
En Catalunya, además de estar lejos de los centros de decisión políticos y económicos de la capital, hay que sumar la confrontación política entre las diversas administraciones y la necesidad de operar, principalmente, en un territorio densamente poblado como la conurbación metropolitana, con numerosos municipios con poder de decisión, donde técnica y políticamente se hacen difíciles la toma de decisiones y la agilización de los proyectos. Ello explica, al margen de la ineficiencia y el desinterés de los que se pueda acusar a la Administración central, la lentitud y los enormes retrasos que acumulan la licitación y la ejecución de las obras públicas en todos los ámbitos de actividad. Es un problema que se ha hecho endémico en los últimos años coincidiendo con la falta de liderazgos políticos fuertes.
Para superar el monumental atasco en infraestructuras que sufre Catalunya se hace necesario, como propuso en su día la patronal Foment del Treball, un pacto entre todas las administraciones públicas y el conjunto de instituciones privadas para dar un impulso político, técnico y económico a la ejecución urgente de los proyectos más estratégicos y necesarios pendientes. Ello debería ser prioritario en unos momentos en que la obra pública ha de ser palanca para la reactivación tras la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, al tiempo que mejora la competitividad del país y el bienestar de sus ciudadanos.
Es urgente desbloquear la insuficiente ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya