Del obligado asilo al refugio-trampa
Acoger a aquellas personas que huyen de calamidades, guerras y persecuciones es un imperativo legal derivado de convenios y tratados internacionales y es, ante todo, una obligación moral. Existen tres niveles de protección: la autorización de residencia por razones humanitarias, la concesión del Estatuto de refugiado y la protección subsidiaria. Este amparo a personas y familias conllevaría la necesidad de vivienda, empleo o ayuda a la subsistencia, psicólogos, sanidad y escuela para los pequeños, entre otros servicios.
Durante meses el Ayuntamiento de Barcelona exhibió en su fachada una pancarta que rezaba “Refugees Welcome” en apelación a la aspiración de la alcaldesa Ada Colau de erigir Barcelona como ciudad-refugio. Como casi siempre, tras la pancarta, el vacío de gobierno. No hubo inventario alguno de bienes y servicios que ofrecer a las personas a acoger ni se garantizaba que no se produjera una colisión en la atención de necesidades básicas entre quienes ya la precisan, sin obtener el soporte público preciso, y los nuevos peticionarios. En paralelo, el Consistorio declaró priorizar a quienes huían por su orientación sexual, mientras se negó a hacerlo con los cristianos amenazados por sus convicciones religiosas.
Aquel que solicita ser reconocido como asilado o refugiado se le concede una tarjeta roja que le identifica como solicitante de protección internacional.
Este título impide la expulsión por presencia irregular, avala obtener el permiso de residencia y, después, el de trabajo a los seis meses. Solo en el 2019 se registraron 117.264 peticiones cuando en el 2016 fueron 16.544 las presentadas, multiplicándose por miles y en progresión geométrica año tras año.
Sumemos a lo anterior la lentitud administrativa en resolver si una solicitud es fundada. Así entre la petición, el reconocimiento de la condición y el pronunciamiento del Ministerio del Interior pueden transcurrir entre 18 y 24 meses y si la resolución es denegatoria e impugnada judicialmente el plazo sería aún mayor. El tiempo ya transcurrido lo haría coincidente en la práctica con la presencia continuada durante tres años que abre la posibilidad de permanecer en nuestro país no ya como refugiado, aunque se deniegue, sino por arraigo.
Lo descrito confirma, en cifras y hechos, que una vez más el acceso a un derecho es desvirtuado por la realidad. La protección internacional no puede ser confundida con la posibilidad de acceso, otra puerta trasera, y de regularización de la inmigración por razones económicas. Por ello, es imprescindible reforzar la Oficina de Asilo y Refugio con suficientes recursos materiales y humanos que permitan resolver las peticiones con prontitud, amparando de inmediato a aquel que lo precisa y desenmascarar con su rechazo a quien sabedor del carácter infundado de su solicitud solo busque en el retraso administrativo el tiempo necesario para regularizar su situación en España por arraigo u otras razones sobrevenidas durante su estancia.
La protección internacional de quien lo necesita no puede verse perjudicado por deficientes administraciones y perversiones de derechos de quienes tornan el obligado asilo en un refugio-trampa.
Es imprescindible reforzar la Oficina de Asilo y Refugio con suficientes recursos materiales y humanos