El Estado podrá rescatar empresas sin lanzar una opa
Los detalles para pedir la ayuda están pendientes de definir
El Estado podrá rescatar empresas con problemas de solvencia sin necesidad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (opa) si entra en el capital de estas, incluso si supera el 30% del capital. Así lo especifica el texto publicado ayer en el Boletín Oficial de Estado (BOE), en el que desarrolla el nuevo paquete de medidas de ayuda a las empresas aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
El fondo, dotado con 10.000 millones de euros, será gestionado desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por un consejo gestor de nueva creación. Será un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda y la SEPI actuará en nombre y representación de la Administración General del Estado. Todas las operaciones efectuadas con cargo al fondo serán registradas en una contabilidad específica y será ese consejo gestor el que asumirá las responsabilidades de las decisiones.
Entre las potestades que se le autorizan está la de rescatar temporalmente empresas no financieras estratégicas a las que la excepcional situación económica provocada por la crisis de la Covid19 les haya provocado problemas de solvencia y necesiten ayuda para reequilibrar su patrimonio.
La intervención pública podrá hacerse a través de distintos instrumentos, como préstamos participativos, adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. En caso de que la vía utilizada sea la participación en el capital social, la nueva regulación contempla una excepción a la ley del Mercado de Valores, y exime al Estado de la obligación de la lanzar un opa, incluso si se da el caso de que la participación pública supere el 30% del capital total de la compañía. Será la propia empresa en dificultades la que elija el instrumento financiero que más le interese y deberá solicitarlo formalmente a la SEPI, a través de un mecanismo que el Gobierno publicará próximamente.
El BOE de ayer lunes establece que esas solicitudes deberán ser resueltas en el plazo máximo de seis meses, contados desde la presentación de las mismas. La norma también impone que las empresas estratégicas quedarán exentas del pago de impuestos estatales, autonómicos y locales.
La norma también ha extendido el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios (que se limitó en el momento de la declaración del estado de alarma), únicamente en el supuesto de separación por falta de dividendos, hasta el 31 de diciembre del 2020; y se establece que el importe de esos dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que realice el Estado se ingrese en el Tesoro Público.
La SEPI podrá contratar con cargo al fondo los servicios de apoyo externo que sean necesarios para que ejerza correctamente sus funciones y será compensada económicamente por esos gastos.
La SEPI podrá incurrir en gastos extraordinarios para gestionar el nuevo fondo