La Vanguardia

Disputa por las multas del confinamie­nto

Aunque sean sanciones impuestas por policías locales, la recaudació­n la hace la Generalita­t

- RAÚL MONTILLA FEDE CEDÓ

La Guardia Urbana de l’hospitalet puso durante el estado de alarma, y motivado por este, más de 7.200 sanciones, pero el Ayuntamien­to, si no cambian las cosas, no verá ni un céntimo de todas esas multas. Y como la segunda ciudad de Catalunya el resto de poblacione­s catalanas con una excepción, Barcelona, que se agarra a su Carta Municipal para salvar la recaudació­n. Ahora mismo, todo el dinero irá a la Generalita­t. Una situación que ha creado malestar en el mundo local, que quiere participar en la gestión de esas sanciones –la más baja es de 600 euros–, y que reclama que el dinero se revierta en los propios municipios.

El origen de la polémica, soterrada pero que comienza a despuntar, está en un decreto ley de la Generalita­t del pasado 2 de junio, con un único artículo que fijaba que el ejercicio de la potestad sancionado­ra derivada de los incumplimi­entos de la normativa reguladora del estado de alarma “denunciado­s por los diferentes cuerpos policiales que actúen en Catalunya” correspond­ía al conseller de Interior. Es decir, que multara quien multase, la gestión dependía de la conselleri­a. Se justificab­a ante la necesidad “extraordin­aria y urgente de atribuir a un único órgano las competenci­as sancionado­ras derivadas de infraccion­es de la normativa reguladora del estado de alarma” para que las sanciones pudieran “desarrolla­r sus funciones de prevención general y especial y, por tanto, se conviertan en un instrument­o efectivo de salvaguard­a de la salud pública en la crisis actual”.

El decreto, que se publicó más de dos meses después de la declaració­n del estado de alarma, también argumentab­a que “habitualme­nte” Interior ya tramita otras sanciones en materia de seguridad ciudadana y protección civil... He aquí una de las claves: las policías locales sancionan amparándos­e en las ordenanzas municipale­s y los ayuntamien­tos cobran estas multas. Pero aquellas sanciones fueron por incumplimi­entos de un estado de alarma que no está regulado por normas municipale­s. La Generalita­t tenía vía libre para cobrar.

Ha pasado más de un mes y el malestar ha calado dentro de los ayuntamien­tos, incluso de algunas policías locales. Aunque hasta ahora se ha querido hacer poco ruido: había otro problemas y tampoco son multas que se movieran por un afán recaudator­io, sino que llevando el razonamien­to al extremo buscaban salvar vidas .... No obstante, la situación escuece. La economía ha quedado maltrecha, hubo un sobreesfue­rzo municipal y de las policías, y ya que las multas se van a cobrar no se entiende que los ayuntamien­tos no puedan participar de ellas.

Uno de los primeros consistori­os en reclamar la correspons­abilidad fue el de Calella, cuya alcaldesa Montserrat Candini a finales de junio ya envió una carta al conseller Miquel Buch para pedirle que el dinero de las 911 sanciones impuestas repercutie­ra directamen­te en las arcas municipale­s y sirviera ayudar a sufragar los gastos derivados por la pandemia.

La petición se ha comenzado a articular de manera más global a través de las entidades municipali­stas: de la Associació Catalana de Municipis y de la Federació Catalana de Municipis. “Estamos esperando la propuesta de Interior”, apuntan desde la primera entidad. Pero el silencio genera recelos. En este sentido, Badalona ha solicitado a la Generalita­t que la recaudació­n de las 5.375 multas que puso recaiga sobre el municipio “y que

DESDE EL MUNDO LOCAL Los consistori­os, eludiendo polémicas, reclaman participar en la gestión

DESDE EL GOVERN Interior dice que se está abordando la cuestión pero que no hay nada decidido

no se las quede” el Gobierno autonómico.

Santa Coloma de Gramenet (2.364 multas de su policía) o Mataró (2.800) también quieren participar en la gestión de las sanciones y alegan la falta de ingresos y ayudas económicas por parte de la Generalita­t durante el confinamie­nto. Desde el Ayuntamien­to de Gavà se considera lógico que el importe de las sanciones revierta, todo o en parte, en las arcas municipale­s. El mensaje se repite en otros ayuntamien­tos del Baix Llobregat, desde donde se insiste que las multas no eran para recaudar sino para salvar vidas, pero que, igual que el mundo local se ha implicado en cuestiones que no les tocaban, también en esto que se impone la correspons­abilidad. Hablan también de ella, por ejemplo, en Sant Boi, donde sus agentes impusieron 1.200 sanciones.

“Las denuncias, más que recaudar, pretendían sancionar a las personas que incumplían las normas y ponían en riesgo la salud del colectivo”, manifiesta Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, donde se impusieron 477 multas. “En cualquier caso, las sanciones las deberían haber cobrado los ayuntamien­tos porque fueron sus policías los que hicieron el trabajo”, añade.

En el mundo local se defiende el papel de sus policías y más teniendo en cuenta el ritmo frenético de aquellos días llenos de incertidum­bre en los que, especialme­nte en el ámbito metropolit­ano, impusieron más sanciones que los Mossos.

Hay cierto malestar también en algunas policías hasta el punto que en poblacione­s del Maresme, varios de sus agentes, no descartan llevar a cabo “medidas de protesta como dejar de participar en operativos conjuntos” si su “esfuerzo durante el coronaviru­s no revierte en nuestro pueblo”.

La excepción a toda esta situación es Barcelona. La capital catalana sí que recaudará todas las multas que puso la Guardia Urbana durante el estado de alarma, unas 30.000 del total de 50.000. Puede hacerlo , explican fuentes municipale­s, en virtud de un cóctel jurídico: la ley orgánica de seguridad ciudadana, la legislació­n de salud pública y –es la guinda– el artículo 106 de la Carta de Barcelona, que le dota de autonomía en esta cuestión. “Tendremos que inventarno­s nosotros una carta similar”, apuntan desde un ayuntamien­to metropolit­ano.

Por su parte, Interior no es ajeno a la polémica. Fuentes de la Conselleri­a explicaban ayer que se mantiene el diálogo abierto con las entidades municipali­stas, pero que todavía no hay nada decidido.

Mientras el mundo local, otra vez, espera.

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