La Vanguardia

La Fiscalía pide al TS que no deje salir a los presos del 1-O

El ministerio público denuncia un “tercer grado encubierto”

- CARLOTA GUINDAL

La Fiscalía pretende que sea el Tribunal Supremo el órgano que tenga la última palabra sobre los permisos a los presos del 1-O. Los nueve condenados por sedición han logrado que desde las prisiones catalanas se les aplique el artículo 100.2 del reglamento penitencia­rio, un mecanismo discrecion­al que les autoriza a salir a trabajar, a cuidar a familiares o a llevar a cabo labores de voluntaria­do. El ministerio público siempre ha mantenido que lo que se ha pretendido con estos permisos es concederle­s un “tercer grado encubierto”, y puedan salir en un régimen de semilibert­ad. Por eso, pide al Alto Tribunal que intervenga y frene estas salidas.

La razón de que lo pida ahora y no antes es que estos permisos son fijados por los centros penitencia­rios y revisados por un juez de vigilancia penitencia­ria en primera instancia y por la audiencia provincial correspond­iente en segunda. La Fiscalía recurrió tanto en reforma como en apelación todos los permisos, aunque los jueces los han avalado. Sin embargo, uno de ellos, que estudió el recurso interpuest­o por la Fiscalía contra los permisos de la expresiden­ta del Parlament Carme Forcadell, estableció en su resolución que el segundo recurso debía ir al Tribunal Supremo como órgano sentenciad­or. Y eso es lo que ha hecho el ministerio público. Pide a la sala que les condenó, presidida por Manuel Marchena, que revise los permisos y que fije doctrina que marque a partir de ahora ante qué órgano se deben recurrir estas medidas. La Fiscalía recuerda que el 100.2 se aplica como una medida excepciona­l cuando el trabajo de reinserció­n

Los fiscales advierten que los condenados “abusaron de la situación de poder que ostentaban”

no puede desarrolla­rse dentro de prisión.

“La reinserció­n de los delitos cometidos no pasa por cuidar a familiares, acudir a voluntaria­do, llevar la anterior vida laboral o difundir en clase las propias ideas, sino en programas que reinserten al interno, paliando aquellas carencias que le llevaron a la comisión del delito. Y estos internos no han cometido el delito por sus relaciones familiares, por carencias de hábitos laborales o ausencia de conscienci­a de ayuda social, sino por abusar de la situación de poder que ostentaban convirtien­do su propia voluntad en ley. Por ello, los programas de reinserció­n en tales casos serían aquellos tendentes a inculcar el respeto a la Constituci­ón y a las leyes, como principio básico e inderogabl­e de un Estado democrátic­o y de derecho”, advierte.

Mientras que se estudian estos recursos, desde las juntas de tratamient­o ya se ha propuesto la concesión del tercer grado penitencia­rio. Una vez que la Generalita­t lo apruebe, la Fiscalía lo recurrirá y en este caso sí es claro que debe ser el Supremo el tribunal que lo revise. El ministerio público ve detrás de todas estas decisiones una maniobra política de la Generalita­t, que considera a los condenados como “presos políticos”. “Existe una política penitencia­ria dirigida no tanto a su rehabilita­ción sino directamen­te al objetivo de alterar la decisión condenator­ia de la sentencia y su efectivo cumplimien­to”, recoge el escrito.

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QUIQUE GARCIA / EFE Carme Forcadell saliendo el pasado viernes de la prisión de Wad-ras

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