El Ejecutivo enfría ahora la revisión de los delitos de rebelión y sedición
El Ministerio de Justicia descarta presentar este año la reforma del Código Penal
Tras su investidura el pasado mes de enero, tanto Pedro Sánchez como la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendieron la imperiosa necesidad de abordar una reforma del Código Penal para revisar, entre otras cuestiones, los decimonónicos tipos penales de la rebelión y la sedición en España. Una urgencia que habrían puesto en evidencia, a su juicio, los delitos que persiguieron o por los que acabaron siendo finalmente condenados los líderes del procés. La víspera de la primera reunión de la mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para abordar el “conflicto político” en Catalunya, el pasado febrero, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, incluso comprometió para este 2020 esta ambiciosa reforma del Código Penal que rebajaría la pena de sedición.
Pero justo entonces irrumpió la pandemia del coronavirus en España y trastocó todos los planes del Gobierno, que se vio obligado a reordenar el calendario de su agenda legislativa. Y, por ahora, la reforma del Código Penal, que precisará de muy amplios consensos en el Congreso para poder ver la luz, permanece aparcada. “Evidentemente, ahora mismo, todas las energías están volcadas en la reconstrucción del país y, por tanto, en salir de esta crisis social y económica en la que nos ha metido la crisis sanitaria”, justificó ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Y pese a que Calvo aseguró en su día que la reforma legislativa estaba ya muy avanzada, de tal manera que se presentaría antes o después del verano, pero en todo caso en el 2020, fuentes del Ministerio de Justicia descartaron ayer que se pueda presentar este año. El propio Campo aseguró que en ningún momento se comprometió con un plazo temporal para abordar esta reforma. “No ha habido ningún compromiso por parte del Gobierno ni ningún calendario normativo en el ámbito de la reforma del Código Penal, en materia de rebelión y sedición”, aseguró el ministro.
Aunque Campo sí defendió la pertinencia de esta reforma, en línea con la doctrina imperante en los países de nuestro entorno, como Italia, Alemania o Francia. “La legislación española debería ser objeto de revisión, porque es un artículo que no se toca hace 200 años, desde el Código Pacheco de mediados del siglo XIX”, apuntó, en referencia a la regulación de Joaquín Francisco Pacheco de 1848. Pero sin prisas.
“No está establecido un calendario, pero es verdad que hay modificaciones del Código Penal que deberíamos de abordar”, insistió Campo, y enumeró la actualización de tipos penales necesaria en materia de medio ambiente y emergencia climática, la
El ministro Campo lanza un plan de choque para afrontar el aumento de la litigiosidad tras la crisis
defensa del derecho de los animales, la lucha contra la cibercriminalidad, “y un largo etcétera”.
El ministro de Justicia reafirmó en todo caso su compromiso de que no abordará ninguna de estas reformas “sin hacerlo con un gran consenso”, y con todos los informes pertinentes tras su presentación como anteproyecto de ley, “para poder abrir un debate sereno, porque es un debate que lleva anclado en el Código Penal 200 años, y no conviene hacerlo en 15 días”, alegó.
Campo, en cambio, sí reiteró su compromiso de llevar al Consejo de Ministros, antes de que acabe este año, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y lo que sí aprobó ya ayer el Consejo de Ministros fue un plan de choque para hacer frente al aumento de la litigiosidad tras la crisis del coronavirus, en las jurisdicciones de lo social, contencioso-administrativo y mercantil. El plan del Ministerio de Justicia para reactivar los órganos jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad que supuso el confinamiento plantea la creación de 21 nuevos juzgados en toda España y estará dotado con más de 50 millones de euros entre los años 2020 y 2021.