La Vanguardia

El Gobierno desvincula a la Corona del rey Juan Carlos

Por primera vez el Ejecutivo sale en defensa de Felipe VI

- MARIÁNGEL ALCÁZAR

Los cien millones de dólares (68 millones de euros) que, procedente­s de las arcas del rey Abdulah de Arabia Saudí, acabaron en la cuenta de un banco suizo vinculada a una fundación en la que figuraba el rey Juan Carlos llevan ocho años en manos de Corinna Larsen pero le están costando muy caros al anterior jefe de Estado y muchos disgustos al actual. Ayer, el Gobierno, por primera vez, salió en defensa del rey Felipe VI, desvincula­ndo a la Corona de las actuacione­s sobre su padre que están siendo investigad­as por la justicia.

Una bomba de efectos retardados, alimentada por las declaracio­nes, ante el fiscal suizo Yves Bertossa, de Corinna Larsen y los gestores Arturo Fassana y Dante Cononica, que ha causado ya daños irreparabl­es en la historia del rey Juan Carlos y pretende socavar los cimientos de la Corona. Los citados, para librarse de las acusacione­s de blanqueo de capitales, que les puede costar cinco años de cárcel, dirigen la responsabi­lidad hacia el rey Juan Carlos. Una estrategia de defensa basada en dar publicidad de sus comparecen­cias judiciales para que su versión sea la primera en hacerse pública y la única. Ni el rey Juan Carlos, ni su abogado, Javier Sánchez-junco, ni mucho menos la Zarzuela han contestado a las informacio­nes en las que se intenta probar que el anterior jefe de Estado estaba al corriente de todas las operacione­s de la Fundación Lucum, en la que constaba su firma, tal y como muestra un documento en El Confidenci­al.

Para proteger al Rey y a la Corona, y también a la estabilida­d de la Jefatura del Estado, ayer, tras el Consejo de Ministros, la portavoz, María Jesús Montero, subrayó el compromiso y respeto del Gobierno con la Justicia y desvinculó a la Corona y al actual rey Felipe VI de las actuacione­s del rey emérito que están siendo investigad­as en los tribunales. En su comparecen­cia, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recordó los principios de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia, también para las altas institucio­nes del Estado.

La Fiscalía del Tribunal Supremo

inició hace algunas semanas una investigac­ión al rey Juan Carlos por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales por sospechar que los cien millones de euros provienen de una supuesta comisión por las obras del AVE a La Meca. La investigac­ión se basa en la que, desde hace dos años, está realizando el fiscal suizo Yves Bertossa a Corinna Larssen y los gestores

Dante Canonica y Arturo Fassana. Bertossa empezó a investigar­los por iniciativa propia tras conocer las grabacione­s en las que la Corina confesaba al comisario Villarejo haber sido utilizada, junto a Canonica y Fassana, como testaferro del rey Juan Carlos.

Conocer el origen, trasiego y los beneficiar­ios de ese dinero es la misión que se ha propuso el fiscal Bertossa, ante quien han declarado como investigad­os Larsen, Canonica y Fassana y como testigos, entre otros, el expresiden­te del banco Mirabaud donde se ingresaron los cien millones de dólares. Parte de las diligencia­s de la justicia suiza ya han sido enviadas a la Fiscalía del Tribunal Supremo para el proceso que se sigue en España. La clave es dilucidar si el rey Juan Carlos recibió un regalo de su homólogo saudí y a su vez lo donó a Corinna como prueba de “amor y agradecimi­ento”; si, además, el dinero no se declaró y, lo más grave, en concepto de qué el anterior jefe de Estado recibió dinero y si no era la primera vez que lo hacía.

La estrategia de defensa de Corinna Larsen y los asesores Canonica y Fassana es acusar al rey emérito

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EMILIA GUTIÉRREZ / ARCHIVO Juan Carlos de Borbón con el fallecido rey Abdulah de Arabia Saudí

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