Escudo social por tres meses más
La dramática situación social por la que atraviesa el país como consecuencia del impacto de la pandemia de la Covid-19 ha obligado al Gobierno a prolongar tres meses más, hasta finales de septiembre, buena parte de las medidas contenidas en el escudo social aprobado en el inicio del estado de alarma. La decisión tomada ayer por el Consejo de Ministros coincide con la denuncia de que uno de cada cuatro españoles vive en la pobreza o se encuentra en riesgo de exclusión social que hizo, también ayer, el relator especial de las Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Hace pocos días, asimismo, Intermón Oxfam advertía de que otras 700.000 personas pueden caer en la pobreza en los próximos meses, al tiempo que más de 400.000 hogares no podrán ya pagar el alquiler, según señala otro informe conocido también ayer. Las entidades sociales como Cáritas, mientras, se encuentran desbordadas por las peticiones de comida y de asistencia. El impacto de la Covid-19 en la sociedad tiene, por tanto, efectos dramáticos que van en paralelo al aumento del paro registrado, de las prestaciones por cese de actividad de los autónomos y de los trabajadores acogidos a los ERTE. Pero son muchos más si se pudieran contabilizar los que trabajaban en la economía sumergida y que no tienen derecho a ninguna protección social.
Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno, en concreto, prorrogan por tres meses más la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, a la que se habían acogido ya 226.285 personas, así como la moratoria sobre los créditos al consumo, concedida a 364.407 solicitantes. También se amplían tres meses, hasta finales de septiembre, las moratorias sobre el pago de alquileres, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda. Todo ello contribuirá a que centenares de miles de personas puedan mantener su vivienda y los suministros básicos. Dichas medidas se suman al ingreso mínimo vital aprobado el mes pasado por el Gobierno y que han solicitado ya más de 400.000 hogares, prácticamente la mitad de los previstos. Tanto el citado relator de la ONU como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en otro informe hecho público ayer, consideran muy positiva la entrada en vigor de dicho ingreso mínimo vital, ya que ayudará a numerosas personas en riesgo de pobreza.
El conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno puede aliviar significativamente, sin duda, el duro impacto social de la crisis de la Covid-19. Pero como reconoció el propio vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, todavía no son suficientes ni llegan a todos los que lo necesitan. Difícilmente, sin embargo, los presupuestos del Estado puedan ir más lejos. La mejor y más efectiva ayuda social, en este sentido, es acelerar al máximo la reactivación de la economía y del empleo.
El Gobierno intenta paliar el impacto dramático de
la crisis de la Covid-19 entre los más vulnerables