Sanidad desconoce el grado de letalidad en las residencias
Calcula 19.000 muertes, pero faltan datos de comunidades
Es incomprensible. A día de hoy y tras muchas promesas de que se harían públicos los informes relativos a la mortalidad por la Covid19 en las residencias de mayores, la realidad es que el Gobierno no sabe con exactitud cuántos han fallecido. Tiene datos, pero no están cerrados, porque hay errores e incongruencias en los números facilitados por las comunidades autónomas que impiden conocer con exactitud la realidad. Y apunta claramente a algunas autonomías que han hecho oídos sordos a esta reclamación de información.
Así lo indica en un documento del Ministerio de Sanidad (un borrador, en palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero) al que ha tenido acceso La Vanguardia y en el que se indica que las muertes en residencias durante la epidemia de coronavirus son al menos 27.359 y que más de dos tercios, hasta 18.883, corresponden a fallecimientos de personas contagiadas (o sospechosas de estar infectadas) con la Covid-19. En concreto señala que, de esos 27.359, el 32,9% (9.003) se atribuyen a casos confirmados de la Covid-19, mientras que otros 9.830 (35,9%) corresponden a personas que presentaban una sintomatología compatible con la enfermedad. El 31,2 % restante, 8.536 muertes, se atribuyen a otras causas de mortalidad sin relación con el coronavirus, según indica el texto.
En el mismo documento, con resumen de datos hasta el 20 de junio pasado, se especifica que el número total de centros sobre los que se comunica su intervención fue de 391 (5%) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes.
Sanidad recuerda que, en una orden emitida el 23 de marzo, obligaba a las comunidades a informar sobre la situación de las residencias de mayores. Pero lo que ha obtenido son fechas incoherentes en el envío de la información, documentos de centros intervenidos que no especifican las causas de la intervención, informes con ausencias de datos respecto de las causas de fallecimiento de residentes, discrepancia de datos evolutivos.
El texto entregado a las comunidades autónomas admite que, pese al “gran esfuerzo” realizado por las propias comunidades, la plataforma en la que deben registrar los datos dos veces por semana –cada martes y viernes– es “poco amigable” y que, ante la dificultad para acceder, desde muchas consejerías regionales se ha optado por enviar los datos a través de correos electrónicos o directamente por no enviarlos. “Una comunidad autónoma [sin especificar] no ha notificado nunca y algunas no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera del plazo”, reza la comunicación, que revela que, si bien once regiones trasladaron más de 20 informes, otras dos comunidades solo enviaron uno.
Lo que evidencia este documento ha sido calificado como vergonzoso por parte de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha lamentado el “abandono” de los centros residenciales de los servicios sociales por todas las instituciones. Su presidente, José Manuel Ramírez, ha responsabilizado de la situación tanto a las consejerías, que tienen la obligación de proporcionar los datos, como al Ministerio de Sanidad, que ha permitido que incumplan la orden del 23 de marzo, como es su obligación y responsabilidad. “No sabemos cuántos muertos ha habido. Es una pena y una vergüenza”, señala Ramírez, quien, ante la falta de información fiable, advierte de que “no tenemos herramientas para prevenir un nuevo rebrote”. Es una vergüenza, insiste.
Una autonomía no ha facilitado nunca datos sobre los centros de mayores y otras, apenas en dos ocasiones