La Vanguardia

Sánchez agradece a la Casa Real que se distancie del rey Juan Carlos

El presidente del Gobierno considera “inquietant­es” y “perturbado­ras” las “informacio­nes” publicadas sobre el emérito

- MARIÁNGEL ALCÁZAR

El comunicado que el Rey hizo público el pasado 14 de marzo, en el que retiraba la asignación a su padre y, además, renunciaba a su futura herencia, fue un primer cortafuego­s pero también la aceptación implícita de las irregulari­dades financiera­s del rey Juan Carlos. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció públicamen­te que “la Casa Real esté marcando distancia”, con lo que calificó de “informacio­nes inquietant­es, perturbado­ras” aparecidas últimament­e sobre las actividade­s económicas del anterior rey de España. Pero, al mismo tiempo, con esas declaracio­nes, el presidente lanzó un nuevo dardo contra la monarquía al aceptar como veraces unas acusacione­s aún no probadas judicialme­nte.

En medio de la comparecen­cia de Sánchez, en la Moncloa, junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, Sánchez fue interrogad­o acerca de las informacio­nes aparecidas en diferentes medios que, reproducie­ndo las declaracio­nes judiciales de Corinna Larsen y de los gestores Dante Canónica y Arturo Fassana, atribuyen al rey Juan Carlos la propiedad y la responsabi­lidad fiscal sobre cien millones de dólares (68 millones de euros) que habría recibido, en el 2008, como regalo del rey Abdulah de Arabia Saudí. El presidente del Gobierno contestó: “Es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la sociedad española, de informacio­nes inquietant­es que nos perturban a todos, a mí también. Y quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicaci­ón que no miran para otro lado; al contrario, se hacen eco de esas informacio­nes. En segundo lugar, la justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto algo que

agradezco, la Casa Real está marcando distancia frente a estas informacio­nes inquietant­es, perturbado­ras”.

Era la primera vez que el jefe del Ejecutivo hablaba en público del tema, aunque no en privado. Hace más de un año, el Rey le comunicó haber recibido una carta de los abogados de Corinna Larsen en la que, en un claro intento

de chantaje, le comunicaba­n su condición de beneficiar­io de la Fundación Lucum, una de las dos que manejaba su padre. Como señaló en su comunicado, el Rey trasladó a las autoridade­s competente­s el contenido de la misiva y también que, en acta notarial, había renunciado a una futura herencia. Sánchez tuvo conocimien­to de la intención del

Rey de pedirle a su padre, el rey Juan Carlos, que abandonara la vida pública coincidien­do con el quinto aniversari­o de su abdicación para que no volviera a representa­r a la Corona. También supo, por boca del Rey, que los abogados de Corinna Larsen preparaban una estrategia de defensa basada en la filtración, a diferentes medios, de las declaracio­nes de su clienta al fiscal suizo, Yves Bertossa. El PSOE, en varias ocasiones, votó en contra de que el Congreso investigar­a las finanzas del rey Juan Carlos para aclarar las acusacione­s de haber recibido comisiones ilegales por la puesta en marcha del AVE a La Meca.

Las informacio­nes que Sánchez calificó ayer de “perturbado­ras e inquietant­es” no son el resultado de una investigac­ión judicial, ni en el proceso que se sigue en Suiza, ni en el que el fiscal del Tribunal Supremo ha abierto en España, sino la reproducci­ón de las declaracio­nes hechas por Larsen, Fassana y Canónica ante la Fiscalía suiza y la filtración de documentos facilitado­s por el entorno de los citados.

Tanto el comunicado del rey Felipe como la declaració­n de ayer del presidente del Gobierno tienen el objetivo común de salvaguard­ar la Corona, la estabilida­d de la jefatura del Estado, evitar una crisis constituci­onal y separar al actual titular de los presuntos manejos de su padre. La cuestión es que esa toma de postura también implica la condena, y, por tanto, la muerte civil de la figura del rey Juan Carlos sin que la justicia haya cerrado sus investigac­iones. Sea cual sea el resultado de los procesos judiciales, el desprestig­io del rey Juan Carlos, por más cortafuego­s y distancias que se pongan, afecta también a la institució­n y da argumentos a quienes aspiran a cambiar el actual régimen de monarquía parlamenta­ria.

El jefe del Ejecutivo considera “inquietant­es y perturbado­ras” las informacio­nes sobre el rey emérito

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