Operación contra amaños en la Guardia Civil
El propio instituto armado detiene a siete personas
Operación policial en el seno de la Guardia Civil. La Fiscalía Anticorrupción inició ayer una intervención para desarticular una organización dentro de la Guardia Civil dedicada al amaño de contratos públicos. Según confirmaron fuentes de la investigación a La Vanguardia, se detuvo a siete personas, entre ellas un coronel, un teniente coronel y un subteniente destinados a la dirección general de la Guardia Civil.
Fue la propia unidad de asuntos internos del instituto armado la encargada de llevar a cabo los arrestos, además de proceder a ocho entradas y registros, principalmente en Madrid, ordenados por el juzgado de instrucción número 50 de la capital. También fueron detenidos dos directivos de una de las principales empresas españolas, acusados de actuar en connivencia con los funcionarios para obtener contratos públicos.
Los investigadores sospechan que los empresarios se pusieron de acuerdo con diversos funcionarios públicos, en este caso altos mandos de la Guardia Civil, para manipular un gran número de expedientes durante años, concretamente relacionados con suministro de prendas y uniformes de los agentes. A cambio de dar la adjudicación a unas empresas concretas, los mandos del instituto armado recibieron supuestamente una contraprestación económica.
Por ahora, se les imputan ocho delitos: organización criminal, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Fue la unidad de asuntos internos de la Guardia Civil la que detectó las actuaciones presuntamente ilegales dentro del cuerpo.
Esta operación es la segunda fase de la desarrollada en el 2017 por hechos similares pero en el seno del Cuerpo Nacional de Policía. En ese caso, se saldó con una docena de detenciones, entre ellos varios responsables policiales de la dirección general de la Policía, así como de la dirección general de Tráfico. Aquella investigación se inició por orden la dirección general operativa (DAO) tras tener conocimiento de que desde hacía más de una década una serie de responsables policiales habían aprovechado su posición en mesas de contratación para adjudicar irregularmente contratos y lucrarse personalmente con ello.
De hecho, uno de los principales investigados poco después de quedar en libertad volvió a ser arrestado y enviado a prisión al hallarse en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo una grabación en la que este le reconocía que la Policía no le había encontrado todo el dinero que tenía escondido. Aquella grabación provocó un nuevo registro que sirvió a los agentes para incautarse de 37.000 euros escondidos en su huerto.