Mascarilla obligatoria
Catalunya es desde hoy la única comunidad autónoma de España en la que el uso de la mascarilla es obligatorio en espacios exteriores aunque haya distancia de seguridad. Deberá llevarla toda persona mayor de seis años y la sanción por no utilizarla será de 100 euros. Así lo aprobó ayer el Procicat, en una decisión que tiene como finalidad intentar rebajar al mínimo la transmisión comunitaria del coronavirus justo cuando se han detectado varios rebrotes en Lleida y cuando la movilidad laboral y vacacional se ha incrementado.
Es la reacción de la Generalitat tras detectar un relajamiento de la población en el uso del tapabocas, considerada positivamente por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. “La medida no me parece mal si al Govern le parece oportuno”, ha declarado. También el lehendakari Urkullu dijo ayer que estaba estudiando una medida similar en Euskadi “por la excesiva relajación social”.
Dicho esto, también es cierto que el anuncio de la obligatoriedad de la mascarilla llegó ayer rodeado de vaguedades y aspectos por aclarar. Como lo es que mientras desde Lleida se reclaman refuerzos médicos, en el Govern se afirma que la situación está controlada y no se estiman necesarias ayudas externas. Veremos. La Generalitat fue en su día muy crítica con la gestión que el Gobierno hizo de la pandemia y ahora no puede aspirar a que se sea menos exigente con la suya. Este asunto, y no otro, es el que reclama toda su atención de gobierno.
Es cierto que en los últimos días ha sido cada vez más visible un relajamiento en las medidas de autoprotección y un uso inadecuado de la mascarilla, y por ello toda medida que contribuya a reducir los contagios tiene nuestro apoyo, pero la dificultad de su aplicación –no estamos en un Estado policial– nos tememos que limitará su efectividad. La obligatoriedad deja también al descubierto contradicciones y cambios de rumbo en la gestión de la pandemia por la Generalitat.
Cuando concluyó el estado de alarma y el Govern recuperó todas las competencias, el president Torra puso énfasis en que a partir de ese momento la responsabilidad de cómo actuar contra el virus recaía en el ciudadano y en su comportamiento cívico y solidario. Pero esa apelación debía haber ido acompañada de un plan completo de medidas preventivas sanitarias y sociales para evitar posibles rebrotes. Y ese plan no ha existido, como lo demuestran los graves repuntes registrados en Lleida. No se ha hecho un seguimiento de los contagiados y de sus contactos desde el primer momento, cuando tenía que haber estado activado hace semanas. Los brotes del Segrià no se deben a la irresponsabilidad ciudadana por no llevar tapabocas, sino a la imprevisión de la Generalitat. No se puede delegar en la ciudadanía la gestión de la pandemia.
Controlar y luchar contra el virus es tarea de todos, cada uno según sus obligaciones y posibilidades. Pero los cambios de guion en las recomendaciones sanitarias –no solo en Catalunya, sino en muchos países– no ayudan a infundir confianza y responsabilidad a la ciudadanía. Las agencias de salud defienden el uso generalizado de la mascarilla y hace unos días más de doscientos científicos de 30 países, tras descubrir los efectos que puede tener la transmisión del virus a través de aerosoles, subrayaron que el tapabocas ayuda a reducir esa transmisión y pidieron a la OMS que lo tenga en cuenta en sus recomendaciones.
La mascarilla obligatoria puede ayudar a frenar el virus. Pero la Generalitat ya va con lamentable retraso en la implementación de los planes, controles y seguimientos que debían haber evitado los rebrotes en Lleida. Está bien que salgamos de casa con la mascarilla puesta, como pidió ayer la consellera Vergés, quien por cierto no aclaró cuáles serán las excepciones, pero urge una estrategia integral del Govern para luchar contra los nuevos brotes de la Covid-19. Catalunya era, ayer, el territorio de todo el Estado con más nuevos casos de coronavirus.
El Govern dicta una medida
sin parangón en España, mientras sigue sin tener un plan integral contra el virus