Mallorca prevé reducir 120.000 plazas turísticas
El Consell prohíbe el alquiler vacacional en las zonas más saturadas de la isla
Mallorca adoptó ayer una iniciativa pionera en España contra la saturación turística. Tendrá un límite máximo de 430.000 camas turísticas en toda la isla, lo que implica que a largo plazo se eliminarán 120.000 plazas a medida que vayan quedando obsoletas y pierdan la licencia. El Consell de Mallorca aprobó ayer, con los votos de PSOE, Més y Podemos, el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), una nueva regulación que establece ese límite y que, en combinación con la ley turística de Baleares, posibilita la progresiva disminución de la oferta de plazas en Mallorca. La norma prohíbe además al alquiler turístico en amplias zonas que se consideran saturadas. El ayuntamiento de Palma también lo ha prohibido en todo el municipio.
La aprobación de esta norma llega apenas unos meses después de un intenso debate sobre la necesidad de poner límites al turismo de masas y de acabar con la saturación turística en las islas. A él se han sumado sectores ecologistas de Baleares, pero también conocidos empresarios hoteleros como Carmen Riu, de la cadena Riu. El debate se ha mitigado por el coronavirus, que provocó la paralización casi absoluta de la economía balear, pero el proyecto aprobado por el Consell de Mallorca responde a esa filosofía de contención, aunque colectivos ecologistas de la isla la siguen considerando poco audaz y ambiciosa y piden un decrecimiento inmediato de plazas y no diferido en unos años. Baleares recibió el año pasado 16 millones de turistas y su población es de 1,2 millones de habitantes.
El límite de 430.000 plazas incluye 32.000 que siguen en la bolsa de plazas, de las que 10.000 son camas hoteleras y el resto, alquiler vacacional. La norma establece además una zonificación de la isla para repartir las 115.000 plazas de alquiler vacacional. Esta actividad queda prohibida en amplias zonas saturadas de la islas, donde solo se permite por un periodo de 60 días de los que 30 son en uno de los meses de verano. Las zonas donde queda prohibida esta actividad son Platja de Palma (en el municipio de Palma), s’arenal (Llucmajor), Peguera, Santa Ponça, Palmanova y Magaluf (Calvià), Cala Bona, Cala Millor (Son Servera), Sa Coma (Sant Llorenç) S’illot y Cales de Mallorca (Manacor). También se establecen importantes limitaciones para la actividad turística en suelo rústico, terreno que en los últimos años ha sido colonizado por hoteles rurales, agroturismos y viviendas de alquiler vacacional. Desde la aprobación inicial de la norma, los chalés de nueva edificación no se podrán destinar a esta actividad y los ya construidos solo podrán hacerlo si en la parcela hay, además, algún tipo de actividad agraria. Algo parecido sucede con los hoteles rurales. La intención inicial era prohibirlos por completo, pero finalmente se autorizarán con una serie de requisitos entre los que se encuentra que también tengan actividad agraria y además se trate de edificios antiguos. Esta regulación se complementa con un decreto ley aprobado hace un mes por el Parlament balear que limita la construcción de piscinas en las zonas rurales: solo podrá haber una por finca.
La aprobación de esta norma ha sido muy contestada por los partidos de la oposición en la institución insular. PP, Cs, Vox y Proposta per les Illes (PI), partido de centro insularista, consideraron en el pleno que la regulación ha quedado obsoleta y es extemporánea porque ha quedado ampliamente superada por la crisis del coronavirus. Los portavoces de estas formaciones defendieron que ahora se necesitan medidas de impulso y de apoyo a la actividad económica de la isla y no propuestas de contención.
PSOE, Més y Podemos, partidos que gobiernan en el Consell, defienden la necesidad de establecer una regulación que busque un equilibrio entre la actividad turística y la limitación de sus efectos sobre el territorio.
Con una población de 1,2 millones de habitantes, Baleares recibió el año pasado 16 millones de turistas