El Supremo obliga a Trump a entregar a la justicia sus declaraciones fiscales
La información, que también exige el Congreso, no verá la luz antes de noviembre
El poder del presidente de Estados Unidos no es absoluto, como más de una vez ha proclamado Donald Trump. No es, por el cargo que ocupa, “inmune” a las investigaciones penales, le recordó ayer el Tribunal Supremo en una sentencia demoledora para sus intereses que reconoce el derecho de la justicia a acceder a sus declaraciones de impuestos.
La bomba tardará un tiempo en detonar. Comparable en relevancia jurídica con el fallo adoptado por el Supremo en julio de 1974, cuando ordenó a Richard Nixon entregar al Congreso las cintas con grabaciones realizadas en el despacho oval, una decisión que provocó su dimisión pocos días después, las consecuencias políticas inmediatas de esta sentencia son nulas. La información no verá la luz hasta pasadas las elecciones de noviembre.
Trump, que en el 2016 se desmarcó de la tradición y se negó a hacer públicas sus declaraciones fiscales, lleva más un de un año resistiéndose a entregar la información a la Fiscalía del Distrito de Manhattan. Su fiscal, Cyrus Vance, investiga si la Organización Trump, la empresa familiar del presidente, falsificó sus registros para ocultar pagos para comprar –justo antes de las elecciones– el silencio de dos mujeres (la actriz y directora de cine porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen Mcdougal), que aseguran que mantuvieron relaciones con él años atrás.
El caso llegó hasta el Supremo, que en una sentencia aprobada por siete votos a favor y solo dos en contra, a pesar de su mayoría conservadora, recuerda a Trump que no puede, por ser quien es, frenar la demanda. “Hace 200 años, un gran jurista de nuestro tribunal estableció que ningún ciudadano, ni siquiera un presidente, está categóricamente por encima del deber común de aportar pruebas cuando se le solicitan en un proceso penal”.
El fallo reafirma ese principio y mantiene que “el presidente no es ni absolutamente inmune a las citaciones penales estatales” ni tiene derecho a unos estándares “más elevados”, escribe el presidente, el juez John Roberts. El tribunal devuelve el caso al juzgado de Manhattan de donde salió, para que el presidente pueda “elevar los argumentos que correspondan”. Sus abogados, que hasta ahora habían defendido que Trump era inmune a los procedimientos mientras estuviera en la Casa Blanca, deberán cambiar de estrategia.
La sentencia del tribunal deja escaso margen a Trump para impedir
“Esta es una tremenda victoria para el sistema de justicia de este país”, celebra el fiscal de Manhattan
que el fiscal –no el público, porque sólo un gran jurado vería la documentación– tenga acceso a la información. Para su consuelo político, el proceso no se resolverá antes de las elecciones presidenciales de noviembre. “Esta es una tremenda victoria para el sistema de justicia de este país y el principio fundador de que nadie –ni siquiera un presidente– está por encima de la ley”, celebró el fiscal Vance en un comunicado, satisfecho por poder retomar el caso, “lleve a donde lleve”.
Los jueces rechazaron en cambio la petición, impulsada por los demócratas, de que la Cámara de Representantes del Congreso pueda acceder a la información fiscal del presidente en el marco de diferentes investigaciones sobre los negocios de su familia. En este caso, los jueces consideran que la reclamación debe ser más precisa, evocan “serias preocupaciones sobre la separación de poderes” no resueltas en los tribunales inferiores, a los que devuelve el dossier.
A estas alturas de su mandato, la reacción de Trump no sorprendió a nadie. “Los tribunales, en el pasado, han dado ‘gran deferencia’ [a los presidentes] ¡pero no a mí!”, se quejó en una salva de tuits. “Esta es una persecución política, (...) ¡No es justo ni para esta presidencia ni para esta Administración!”, se indignó.