El Estado apela a la “justicia histórica” para que el pazo de Meirás sea público
El juicio sobre la residencia veraniega de Franco queda visto para sentencia
La Abogacía del Estado acabó ayer su alegato a favor de que el pazo de Meirás sea considerado parte del patrimonio público apelando a la “justicia histórica”, frente a efectos jurídicos aún vigentes de la dictadura. El letrado Javier Suárez señaló que si el juzgado número 1 de primera instancia de A Coruña acepta la demanda del Estado, la Xunta y varias administraciones locales para quitarle la propiedad a los herederos de Francisco Franco, su decisión supondrá un “acto de justicia histórica, de pequeña justicia histórica”.
La Abogacía sostiene que el pazo fue adquirido en 1938 mediante la coacción para su uso por el jefe del Estado y que este lo inscribió fraudulentamente a su nombre en 1941.
El histórico juicio sobre la residencia veraniega gallega del dictador, el primer proceso de esta índole en los casi 45 años transcurridos desde su muerte, quedó visto para sentencia tras cuatro jornadas de vista oral. En la última, la de ayer, el abogado de la familia Franco defendió que la propiedad le fue entregada al autócrata “a título personal”, como lo mostraría el hecho de que desde 1975 dejase de ser una residencia oficial.
Pese a ser muy esperado, el juicio del pazo de Meirás ha pasado algo desapercibido esta semana en Galicia, en medio de la sacudida que ha supuesto en el final de campaña electoral la aparición de un brote del virus de la costa de Lugo.
La vista representó un viaje en el tiempo a la cruda realidad de la Galicia de 1938. En diciembre de ese año, tras ganar la batalla del Ebro y justo antes de avanzar sobre Catalunya, Franco se tomó unos días de descanso en la retaguardia de su tierra natal, donde recibió, cual botín, el regalo del pazo de Meirás, supuestamente adquirido por cuestación popular a sus propietarios originales, los herederos de la escritora Emilia Pardo Bazán. “Hubo mecanismos de coerción, desde visitas de los milicianos puerta a puerta hasta la elaboración de listas negras”, explicó el catedrático de Historia Contemporánea Xosé Manuel Núñez Seixas, presidente de la comisión de expertos creada por la Xunta.
En sus conclusiones, la Abogacía del Estado señaló que, tras fracasar el intento de que las aportaciones para comprar el pazo fuesen voluntarias, el gobernador civil impuso cuotas a los ayuntamientos de la provincia, que obligaron a ciudadanos a poner dinero. A Franco, concluyó Javier Suárez, no le costó nada y recibió la propiedad en su condición de jefe del Estado. Después, en 1941, cometió “un fraude”, al simular que lo compraba directamente él, cuando en realidad ya se lo habían entregado, tal y como está documentado, en 1938.
“El dominio público es imprescriptible”, proclamó el letrado Javier Suárez, para justificar la legitimidad de la demanda, con tantos lustros de retraso. Las administraciones que presentaron la reclamación, el Estado, la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, restaron valor a
En el final de la vista, el abogado de la familia aduce que la propiedad se entregó “a título personal” al dictador
la prueba que aportaron los Franco sobre el pago por el dictador de recibos del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
Antonio Gil, abogado de la familia Franco, sostuvo que el pergamino de 1938, de compra del pazo, no era válido al faltar documentos, por lo que el que único relevante sería el de 1941. “El Estado se desentendió por completo y ha reconocido a los herederos a efectos fiscales y administrativos”, aseveró.