Por la estabilidad institucional
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, expresó el miércoles su agradecimiento a la Casa Real por “marcar distancias” con el rey emérito Juan Carlos I, a raíz de las “informaciones inquietantes y perturbadoras” que se han divulgado sobre determinadas operaciones económicas en las que el anterior jefe del Estado habría recibido cantidades millonarias. Esta ha sido la primera ocasión en que el jefe del Ejecutivo se manifestaba en público de modo tan contundente acerca de esta cuestión. Probablemente, tales palabras marcan un antes y un después en esta polémica en cuyo centro se sitúa el rey emérito, y sin duda alguna evidencian las prioridades del Gobierno: preservar la monarquía constitucional, desvinculándola de presuntas conductas inadecuadas y, al tiempo, salvaguardar la estabilidad institucional en unos tiempos ya de por sí muy agitados.
Si bien las palabras de Sánchez son trascendentes, no cabe decir que hayan desvelado un asunto hasta ahora inédito. De hecho fue el rey Felipe VI quien el pasado día 14 de marzo, el mismo fin de semana en el que se declaró el estado de alarma debido a la pandemia, difundió un comunicado tajante en el que anunciaba que retiraba la asignación que hasta ese momento percibía su padre y renunciaba a cualquier herencia que pudiera haberle otorgado su progenitor. Aquella acción se ha descrito ya como un primer cortafuegos abierto por la Zarzuela, tras la filtración de informaciones relativas al vínculo del rey emérito con su amiga Corinna Larsen, las millonarias donaciones que habría recibido de países árabes, su ocultación y su posterior destino. En aquella coyuntura, el rey Felipe VI creyó que era obligado, por doloroso que le resultara, abandonar a su suerte a su padre, con el objetivo de guardar de salpicaduras la institución que encarna.
El asunto es espinoso y delicado, porque involucra a personalidades con trayectorias relevantes en la historia reciente de este país y también a otras que tienen el mandato constitucional de velar por su desarrollo y bonanza en un futuro inmediato. Pero es precisamente su gravedad la que nos interpela y nos obliga a expresar nuestra opinión.
Lo primero que creemos conveniente apuntar es que el rey Felipe VI obró muy coherentemente al tomar distancias, en marzo y ahora, porque así protege la institución monárquica y honra su compromiso con la ejemplaridad y la transparencia, asumido en su toma de posesión y atendido desde entonces. Un compromiso que le ha obligado, por cierto, a actuar con severidad pese a sus consecuencias en el entorno familiar próximo, por ejemplo a resultas del caso Nóos, que enfrió las relaciones con su hermana Cristina, o del que ahora las enfría con su padre.
El segundo aspecto de este asunto que queremos resaltar es que corresponde a la justicia realizar todas las investigaciones pertinentes y, una vez concluidas, pronunciarse. De momento no hemos llegado ahí. Nada ha dicho el rey emérito ni sus abogados. Y es oportuno recordar que el estado de opinión que se está creando, con sus distancias y sus informaciones inquietantes y perturbadoras, se sustenta en parte en la interesada filtración –con hedor de cloacas policiales– de documentos distribuidos por personas inmersas en el caso. Algunas de ellas, con pocos escrúpulos y dispuestas, si lo estimaran beneficioso para sus fines, a proyectar un intento de chantaje hacia el actual Monarca.
Es necesario que la justicia siga su curso, hasta las últimas consecuencias, sin excepciones, impunidades ni, tampoco, peligrosas confusiones con intereses de parte que se mueven en la sombra. Y es conveniente que la Zarzuela y la Moncloa vayan de la mano en este asunto, para explorar y acordar las mejores medidas que contribuyan a resolver la situación, porque tanto a la jefatura del Estado como a la del Ejecutivo les compete favorecer la estabilidad y el desarrollo de España.
La Zarzuela y la Moncloa se distancian del rey emérito para proteger a la Corona y al Estado