Negocios en los bajos fondos
De cómo las grandes operaciones inmobiliarias, el tráfico de drogas, la gentrificación y la ocupación se cruzan en una calle del barrio del Raval
Cuando la empresaria israelí Reizel Roth supo que hace poco un fondo de inversiones estadounidense compró a un banco el narcoedificio dejado a la mano de Dios en el número 14 la calle Príncep de Viana arqueó las cejas. “Pensé en adquirirlo para revertir esta situación ruinosa, pero no creo que volvamos a comprar un edificio en Barcelona”. Entre tanto los vecinos de esta calle del Raval oyen cómo los ocupas instalados en el narcoedificio echan abajo los muros de los pisos tapiados y vuelven a tomarlos, cómo unos y otros se disputan las viviendas atestadas de ratas, cómo los toxicómanos se pelean, gritan y lloran a cada rato.
La empresaria cuenta que hace tres años compraron la finca que está enfrente del narcoedificio a fin de reformar los pisos a medida que vencieran los contratos de alquiler y los inquilinos marcharan. La proximidad del nuevo mercado de Sant Antoni multiplicó el atractivo de la zona. “Pero todo está saliendo mal, ¿cómo es posible que en Barcelona se ocupe y trafique con impunidad? Reformamos un piso y habilitamos otros dos en los bajos, pero solo conseguimos alquilar el piso, hace meses. Ahora no hay modo de alquilar o vender los bajos. Todos huyen cuando ven el narcoedificio ahí enfrente. Además, los inquilinos quieren apurar sus contratos. Hemos invertido 1.300.000 euros, reformado las zonas comunes, puesto un ascensor...”. Aquí, en el Raval, muchas entidades no ven bien estas operaciones. Dicen que son los engranajes de la gentrificación.
Esta historia arrancó hace ocho años. Entonces montaron un montón de pisos turísticos en el 14, pero el inmueble acabó pronto en manos de un banco. Nadie se imaginaba todavía que acabaría siendo uno de los puntos de venta más activos del Raval. En el 2013 unos ocupas abrieron un centro cultural. Los vídeos de la inauguración muestran el excelente estado de la finca. Luego los ocupas acogieron a docenas de chatarreros subsaharianos expulsados de naves del Poblenou. El inmueble se desballestó poco a poco. Los narcos llegaron tres años atrás, y lentamente se hicieron con una planta tras otra. Redadas y desalojos se suceden de tanto en tanto. El Ayuntamiento trató de que los propietarios le cedieran el inmueble, y los propietarios que el Ayuntamiento se lo comprara. Hace menos de un mes que pertenece a un fondo de inversiones estadounidense conocido por hacerse con propiedades muy complicadas, con todo tipo de propiedades. A los bancos les incomoda tener tantos pisos. La venta se dio en el marco de una operación muchísimo más amplia. Estos fondos no acostumbran a hacer declaraciones sobre qué piensan hacer con sus activos. Lo habitual es que mantengan a los viejos gestores de sus nuevas propiedades. Vecinos de la zona aún tratan de enterarse de sus planes. Dicen que no encuentran un interlocutor. Y están hartos de entretanto los narcos intenten expandirse ocupando cualquier vivienda que vean vacía, aunque sea porque su inquilino está en el hospital. La gente ve cómo se degrada su calidad de vida y también su patrimonio. Fuentes del gobierno de Ada Colau señalan que están muy al tanto del devenir de ambas fincas. “Nuestra política es luchar contra la gentrificación, uno de los grandes problemas de Ciutat Vella”.
“Nos gastamos 4.800 euros al mes en vigilancia para evitar que ocupen los bajos –retoma la empresaria –. Los de enfrente, de vez en
Un fondo inversor estadounidense es el nuevo dueño del narcoedificio de la calle Príncep de Viana
cuando, asoman a la cabeza a ver si hay alguien... Y encima uno de mis inquilinos ha dejado de pagarme ¡ahora es un ocupa y el Ayuntamiento lo apoya! Se le acabó el contrato y no quiere marcharse, ¡y gente del Ayuntamiento me llama especuladora! Esta es una ciudad maravillosa, pero aquí no se pueden hacer negocios. Demasiada gente hace lo que le da la gana”.
El inquilino es un taxista asiático con 25 años en Barcelona, con mujer e hijos pequeños. Prefiere conservar el anonimato. “Dejé de pagarle el alquiler porque quería que me mudara durante el confinamiento, y encima me envió gente a decirme que me tenía que ir, gente que se dedica a decirle a la gente que se ha de marchar... Le dije que firmáramos otro contrato, pero me respondió que yo no puedo pagar lo que ella quiere. Me iré cuando pueda. Es difícil encontrar piso”. Las fuentes municipales agregan que el Ayuntamiento está mediando, que el real decreto del 2 de abril prorroga seis meses los contratos concluidos en el estado de alarma. Además, el Ayuntamiento desratizó la calle. Ya no se ven tantos roedores saliendo del narcoedificio.