El Homrani se salva de la reprobación por las residencias gracias a la CUP
El Parlament evaluó ayer la gestión del Govern ante la crisis del coronavirus, en especial con respecto al Departament de Salut y al de Afers Socials, en las residencias de personas mayores. Según los datos de los servicios funerarios de Catalunya, más de 12.600 personas han muerto como consecuencia de la Covid19, de las cuales poco más de 4.100 se han producido en los centros geriátricos. La Cámara catalana ha celebrado esta semana un pleno monográfico. Ayer fue el turno de las votaciones e instó al Ejecutivo catalán a revisar de arriba abajo el modelo de las residencias. La oposición, sin embargo, a pesar de cargar contra contra Chakir el Homrani, conseller de Afers Socials, no consiguió que se le reprobara.
De hecho, la propuesta, formulada por el PSC y Catalunya en Comú Podem, decayó porque en la votación hubo tres empates. Jxcat y ERC votaron en contra; la oposición, a favor, excepto la CUP, que con la abstención de sus cuatro diputados hizo que se igualara el resultado a 65. Por tanto no prosperó.
También el PP había propuesto la reprobación del conseller al haber constatado “irresponsabilidad política”. El resultado fue el mismo: triple empate y decaimiento por sí sola de la iniciativa. Para las dos ocasiones, la CUP justificó su abstención porque considera que de haber censurado a El Homrani, se habría desviado la atención “cel verdadero problema: años de privatizaciones y políticas neoliberales” que han afectado a las personas. A El Homrani se le acusaba de “falta de previsión y reacción” ante la incidencia de la Covid-19 en las residencias. De hecho, el conseller vio cómo Salut asumía la competencia de los geriátricos que hasta entonces tenía Afers Socials.
Al margen de este hecho, el Parlament instó al Govern a revertir en dos años la privatización de la asistencia médica de las residencias para que la asuman profesionales del sistema público de salud. Similar a esta propuesta fue la presentada por Jxcat y ERC de impulsar una agencia pública para gestionar los geriátricos. También fructificaron propuestas encaminadas a valorar el trabajo de los empleados de las residencias. Una de ellas, de la CUP, que reclama un sueldo mínimo de 1.200 euros brutos en catorce pagas para los trabajadores de las residencias. Igualmente se avaló que se cree un convenio para los empleados, a propuesta de ERC, y trabajar por la equiparación laboral y salarial “del mundo social con el de la salud”. El PSC también reclamó al Govern la contratación “inmediata” de mil profesionales.