La Fiscalía tiene ya encima de la mesa los datos del TC contra Torrent
La Fiscalía ya dispone de toda la documentación remitida por el Tribunal Constitucional (TC) para abrir una causa penal por desobediencia contra el presidente del Parlament , Roger Torrent. El tribunal de garantías advirtió hasta en dos ocasiones al dirigente republicano que se abstuviera de llevar a votación una propuesta a favor de la autodeterminación de Catalunya al contravenir una de sus sentencias.
Primero en enero y después en febrero, el TC dedujo testimonio a la Fiscalía para actuar contra el presidente, el vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, el secretario primero, Eusebi Campdepadrós y la exsecretaria cuarta, Adriana Delgado. Desde ese momento, el ministerio público, todavía con María José Segarra como fiscal general del Estado, tenía previsto presentar la querella a la espera de que llegara la documentación necesaria del tribunal. Sin embargo, una serie de recursos y la paralización de los plazos por el estado de alarma provocó que se retrasara la decisión. Por el camino, ha habido un cambio de fiscal general y ahora deberá ser el equipo de Dolores Delgado el que en última instancia dé el visto bueno para actuar penalmente contra Torrent. El TC advirtió a la Fiscalía que el Parlament “vulneró el orden constitucional y estatutario” al admitir a trámite la Mesa la moción a favor de la autodeterminación.
Fuentes fiscales señalan que la previsión es intentar decidir sobre la querella a finales de este mes.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dio ayer por liquidada la condena a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N y les autorizó definitivamente para presentarse a las elecciones y ocupar cargos públicos. El auto señala que se ha comprobado que los tres exdirigentes “no han desarrollado ninguna actividad retribuida en la Generalitat de Catalunya” y descarta que el sueldo que recibe en su condición de expresident supusiera un incumplimiento de la pena de inhabilitación que le fue impuesta. Mas fue condenado a un año y un mes de inhabilitación –el Supremo rebajó en casación la pena de 2 años y un mes del TSJC– por un delito de desobediencia por la organización de la consulta del 9-N del 2014.
El tribunal también confirmó que
El TSJC da por liquidadas las condenas de Mas, Ortega y Rigau por la consulta del 9-N
los tres exdirigentes abonaron las penas de multa a las que fueron condenados. Mas ha pagado 36.000 euros; Ortega, 30.000, y Rigau 24.000.