Los otros y yo
Hace días que doy vueltas a este tema: si la solidaridad comunitaria es o no compatible con una concepción expansiva de los derechos individuales, que atribuya también a algunos de los nuevos derechos la superior condición de derechos humanos. Sobre esta duda versa el presente artículo, lo que advierto para que el lector al que no le interese pueda dejar de leerlo. El desencadenante de mi duda ha sido una doble lectura. En primer lugar, la de un artículo –“El virus y el mundo de mañana”– del filósofo surcoreano –que profesa en la Universidad de las Artes, en Berlín– Byung-chul Han, en el cual afirma que la pandemia ha puesto a prueba el sistema, y que Asia lo ha hecho mejor que Europa, pues mientras que allí se trabaja con datos que proporciona la vigilancia digital, en el Viejo Continente se llega tarde, se prescinde de la vigilancia digital y se la sustituye por el cierre de fronteras, en aras de un retorno a la época de la soberanía clásica: la ejercida en un territorio sobre las personas que en él habitan. Si, como sostenía Schmitt, “soberano es quien decide sobre el estado de excepción, es soberano –escribe Byungchul Han– quien cierra fronteras; pero eso es una huera exhibición de soberanía que no sirve para nada”; y acto seguido se pregunta, en comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia (fundado) en una mentalidad autoritaria, que (…) viene de su tradición cultural?”; y su respuesta es clara:
“Los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital”, habida cuenta de que la crítica a esta “es en Asia prácticamente inexistente” porque “impera el colectivismo (y) no hay un individualismo acentuado”. En suma: “El big data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras”. Por lo que quizá debería redefinirse incluso la soberanía, diciendo que “es soberano quien dispone de datos”.
La segunda lectura que me ha sugerido la duda es la de un libro – Juicios de Estado. La ley y la decadencia de la política, de lord Jonathan Sumption, historiador y magistrado del Tribunal Supremo del Reino Unido (2012-2018), que tiene la triple virtud de muchos textos jurídicos anglosajones: interés práctico, claridad y concisión (116 páginas). Sostiene lord Sumption que “algunos derechos fundamentales deberían pertenecer a una categoría superior a la de las leyes ordinarias, para que no puedan derogarse con facilidad desde la política, aun contando con la autoridad de un Parlamento democrático”; razón por la que “el cometido de una ley de derechos humanos consiste en garantizar la existencia de ciertos derechos quieran o no las democracias”. Pero “es probable –añade– que solo existan dos categorías de derechos verdaderamente fundamentales que cuenten con una aceptación general de este tipo: (…) los derechos que son fundamentales porque sin ellos no sería posible la convivencia social; (pues) si no estamos libres de detenciones, lesiones físicas o muertes arbitrarias, si no hay igualdad ante la ley ni posibilidad de recurrir a tribunales de justicia imparciales e independientes, la vida no sería más que una batalla encarnizada resuelta por la fuerza”; y, “en segundo lugar, hay derechos sin los cuales una comunidad no puede funcionar como democracia: libertad de pensamiento y de expresión, de reunión y asociación, y derecho a participar en elecciones”. Dicho lo cual razona así: “Las democracias deben ofrecer muchos más derechos que estos, pero deben brindarlos a través de una decisión política colectiva, no porque se consideren inherentes a nuestra humanidad o derivados de alguna ley primordial. Y (estos nuevos derechos) deberían estar abiertos a su anulación o restricción en caso de competir con intereses públicos considerados más importantes por las instituciones que nos representan”. La conclusión a la que llega Sumption es clara: la admisión o limitación de nuevos derechos individuales “es una cuestión intrínsecamente legislativa, que requiere una resolución política”, sin que pueda prevalecer sobre ella una decisión judicial.
La contraposición de Oriente y Occidente en esta materia es evidente. Mientras que la conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia casi inexistente, hasta el punto de que no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a observación, en Occidente se considera que un seguimiento de este tipo infringiría el derecho individual a la privacidad y a la intimidad. Entre ambas posiciones, quizá sea prudente entender que tales derechos a la privacidad y a la intimidad solo existen en la medida en que son declarados tales por las instituciones democráticas; y que tienen siempre como límite un principio ético de validez universal no metafísico: que el interés general debe prevalecer sobre el particular.
Por ello pienso que anteponer con carácter absoluto unos pretendidos derechos humanos a la solidaridad comunitaria quizá sea un rasgo de las sociedades que han llegado a la última fase de su ciclo civilizatorio: la de su decadencia.
En los derechos a la privacidad y la intimidad ha de prevalecer el interés general sobre el particular