Por una educación libre
El Gobierno ha afirmado que el derecho de los padres a escoger la formación moral y religiosa de sus hijos y a elegir el centro educativo no es una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución. En paralelo ha señalado su intención de dejar la educación concertada fuera de los programas de financiación pública. Ambas declaraciones suponen caminar hacia un modelo educativo monopolizado por el Gobierno central o por los periféricos con dos consecuencias: fortalecer su ya marcada tendencia al adoctrinamiento y no proporcionar a los individuos el capital humano necesario para elevar la productividad de la economía, obtener salarios altos y competir en un mundo globalizado.
En un escenario ideal, cada niño debería tener derecho a obtener la mejor formación disponible, sus padres habrían de poder elegir entre una pluralidad de centros con independencia de sus medios económicos y los docentes, responder ante ellos de los resultados obtenidos. Con el tiempo, la innovación impulsada por ese marco institucional aumentaría la diversidad de la oferta y mejoraría su calidad. De este modo, el sistema educativo produciría ciudadanos formados e informados para abordar con mayores posibilidades de éxito los desafíos y oportunidades de la edad adulta.
El modelo de educación existente en las Españas está muy lejos de ese idílico escenario. Todos los indicadores disponibles, nacionales e internacionales, muestran su severo deterioro, que no se ha visto corregido ni por la inflación legislativa de las últimas tres décadas ni por el volumen de gasto público destinado a la educación. Bastan algunos datos para ilustrar esta tesis. La tasa de abandono escolar temprano es la más alta de la UE (17,9%) y los alumnos españoles se sitúan de manera crónica en los últimos lugares de rendimiento en matemáticas, ciencias y comprensión lectora recogidos por los sucesivos informes PISA.
La situación de los docentes en primaria y secundaria no es mucho mejor. Durante su educación y formación inicial, el 52% no ha estudiado los contenidos propios de las materias que imparte, una brecha de 26 puntos respecto a la media OCDE. El 38% usa nuevas tecnologías frente al 56% en la OCDE y solo un 36% se considera preparado para utilizarlas cuando acaba sus estudios versus el 45% en esa organización. El 54% de los directores de centros escolares no ha realizado curso o programa alguno de liderazgo y solo el 19% participa en redes de docentes para intercambiar experiencias, etcétera, frente al 24% en la OCDE. Solo el 10% de los profesores tiene un tutor versus el 22% en la OCDE, un factor importante para su trabajo y para el rendimiento de los alumnos. Por último, su formación es inferior a la media de esa institución. De una lista de diez elementos considerados relevantes, los docentes hispánicos reúnen cinco frente a siete en la OCDE (véase el Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje, Talis, OCDE 2019).
La hipótesis según la cual las deficiencias de la educación primaria y secundaria en las Españas son atribuibles a un menor gasto público es falsa; se sitúa en la media de la OCDE: 3,1% versus 3,5% del PIB. La diferencia estriba en la eficiencia del gasto, que aquí es un 11% inferior a la del promedio de esa organización. Por añadidura, el coste anual por alumno del profesorado es el octavo mayor de los países industrializados. Ambos indicadores muestran que no existe un problema de volumen de gasto público, sino de gestión ineficiente de este.
El capital humano formado en la enseñanza pública primaria y secundaria es cada vez más deficiente y la teórica igualdad de oportunidades ofrecida por ella se ha convertido en un espejismo. Las familias con rentas medias-altas y altas envían a sus hijos a centros de enseñanza privada, cuyos costes no son asumibles para aquellas con ingresos más modestos. Esto constituye un lastre brutal para la movilidad social ascendente. En suma, el sistema educativo monopolizado por los poderes públicos es una causa eficiente de la desigualdad en las Españas, un obstáculo a una carrera abierta a los talentos, como dirían los clásicos. Desde esta perspectiva, profundizar en su estatización es un error descomunal.
Pero hay factores más allá de los sociales y económicos que es importante señalar. El control gubernamental de la enseñanza genera el peligro, respaldado por la experiencia, de que se emplee para moldear la mente de los alumnos a favor de las posiciones políticas e ideológicas de los gobernantes de turno. Esto constituye un serio riesgo para la libertad individual. Si una población educada es una condición básica para el mantenimiento de una sociedad libre y democrática, esta es por definición plural y no ha de sustentarse en un esquema de valores único y monopólico instaurado desde el poder. Cuando se pretende imponer por la fuerza una falsa uniformidad, el conflicto está servido y la instrucción de los niños degenera en un campo de batalla.
La Constitución del 78 en su artículo 27 no atribuye a los poderes públicos un monopolio en la prestación de servicios educativos. Se les impone el garantizar el derecho de todos a la educación. En términos racionales, ello se traduce en la potestad de exigir a las escuelas el cumplimiento de unos estándares mínimos, que no tienen por qué afectar a materias como la moral, la religión, la política o el sexo, que no son objetivas, sino la expresión de valores personales que no corresponde al Estado regular. Esto es posible y deseable mediante la introducción del denominado cheque o bono escolar. ¿En qué consiste esta fórmula?
Los padres recibirían del Gobierno un trozo de papel –bono– por un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público. Con él en su poder deciden a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos. Pagan sus estudios con el cheque y pueden complementarlo con aportaciones personales si el precio de la escuela elegida fuese superior al cubierto por el bono. De este modo, son los padres y no los burócrataspolíticos los que deciden la educación que desean para sus hijos; se promueve la competencia y con ella la innovación y la mejora de la calidad educativa y, por último, se permite a los alumnos de familias con rentas bajas el acceso a centros privados haciendo efectiva la igualdad de oportunidades. ¿Desaparecería la enseñanza pública? No, salvo que ofreciese un producto peor que sus competidores.
El sistema educativo monopolizado por los poderes públicos es una
causa de desigualdad
El bono escolar permitiría a los padres decidir a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos